Ahora toca a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la Fiscalía General de la República y al Registro Civil apurar las investigaciones sobre el caso, según dispuso la Sala Constitucional en un fallo que se conoció el jueves.
Urbina denunció ante esas instituciones las extrañas circunstancias que rodearon el supuesto deceso de uno de sus hijos gemelos, ocurrido el 22 de junio del 2007 en el Hospital de Los Chiles.
La mujer presentó la denuncia en el 2008 cuando se percató de que el bebé que le reportaron fallecido en el centro médico estaba inscrito ante el Registro Civil.
El menor aparece inscrito con el mismo nombre de su hermano vivo, pero únicamente con los apellidos de la madre.
“Quiero saber, tengo derecho a saber la verdad. Desde el momento del parto no he tenido paz porque yo tengo la esperanza de que realmente ese bebé esté con vida”, manifestó ayer Urbina, en su casa, en La Virgen de Los Chiles, zona norte del país.
Allí reside con su compañero sentimental y ocho hijos.
A finales del año anterior, el Registro dispuso anular esa inscripción al considerar que se trataba de un “doble registro”, explicó ayer Óscar Mena, director interino esa dependencia estatal.
No obstante, el proceso quedó en suspenso el jueves hasta que el caso se resuelva en la vía judicial. Si se determina que el niño murió, habrá que dictar una defunción.
Al despertar de la cirugía –añadió en la denuncia–, “un médico de apellido Mendoza le manifestó que había tenido gemelos, pero que uno se había muerto desde los seis meses de gestación”.
Ese mismo día, el compañero de la mujer, de apellido Bermúdez, solicitó a los médicos ver al niño fallecido. Sin embargo, le informaron de que el feto “lo habían enviado a una universidad para su estudio”.
La misma negativa recibió el hombre al día siguiente cuando insistió para que le entregaran el cuerpo del bebé para sepultarlo.
Norma Urbina narró también que, por separado, dos médicos le pidieron al niño que quedó vivo; argumentaron que podían proporcionarle mejores condiciones.
Luego de hacer esta denuncia, la mujer aún no recibe respuestas. Por esa razón, acudió a la Sala IV.
Tras estudiar la queja, los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo.
Mediante el voto 1030-11 ordenaron a la Fiscalía “determinar, dentro del menor plazo posible, si corresponde la imputación de hechos a algún o algunos imputados”.
Aunque esa investigación aún está en curso, un informe preliminar señaló que “cabe la posibilidad de que el menor (...) , que en un principio se suponía fallecido, se encuentre vivo”.
Asimismo, la Sala le dio dos meses a la Caja para informar del resultado de su investigación preliminar y si caben responsabilidades sobre algún funcionario.
Por medio de la oficina de prensa, la Caja confirmó que dicha investigación está “en su fase final” y solo cuando esta concluya se determinará si se abrirá algún procedimiento administrativo .