Hace poco más de un mes el sindicato había acordado la expulsión de Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por “el no cumplimiento de los objetivos y deberes” como afiliada, pues habría firmado una solicitud para que se declare inconstitucional la ley 6836 (Ley de Incentivos Médicos).
Según un comunicado emitido por el Poder Judicial, "los magistrados (de la Sala IV) verificaron que previo al acuerdo del Sindicato para expulsar a la amparada, no se le confirió a esta el derecho de defensa ni se respetó el debido proceso, sino que simple y llanamente se le sancionó sin darle oportunidad alguna de defenderse".
El boletín indica, además, que "los sindicatos están obligados a respetar el derecho de defensa a través de un adecuado traslado de cargos, permitiendo al interesado aportar prueba de descargo y utilizar otros recursos para sostener su tesis y refutar los cargos, lo cual no ocurrió en el caso analizado"