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Sala IV admite recurso de la Defensoría contra el INS sobre marchamo

Actualizado el 05 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

En tres días tienen que entregar informe sobre forma en que se incrementó monto en derechos de circulación

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Sala IV admite recurso de la Defensoría contra el INS sobre marchamo

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San José (Redacción). La Sala Constitucional admitió para su estudio el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes, la semana anterior, contra del Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE).

Se ordena a ambas instituciones que, en un plazo de tres días, entreguen el informe correspondiente al órgano constitucional sobre las razones por las cuales la Defensoría alega que no se le entrega la información referente a las justificaciones y la forma en que se determinó el monto de incremento que deberán pagar los propietarios de vehículos y motocicletas por concepto de marchamo, específicamente, sobre el aumento en los montos por concepto de Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

La Defensoría se mostró satisfecha y espera que de manera oportuna se pueda conocer un criterio por el fondo del asunto, debido a la necesidad que tiene para hacer el estudio sobre el alza en el marchamo.

“Hay una resistencia y condicionamientos del INS para entregar esa información a la Defensoría basados en artículos que, a nuestro entender, no aplican para nuestra institución porque el fin para la cual requiere la Defensoría es de análisis y no para divulgarla o para sustituir a la administración en sus acciones”, dijo el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta.

Para la Defensoría es importante que se respete ese acceso a la información que permita hacer un uso responsable de los datos en aras de la transparencia hacia los y las habitantes.

Aducir que la información solicitada está amparada a un asunto de confidencialidad, es asumir equivocadamente que la Defensoría va a tomar los datos para divulgarlos, cuando en realidad existe jurisprudencia en el sentido de que podemos tener acceso a ese tipo de datos y usarlos estrictamente en el marco de nuestras competencias, agregó Fallas.

Según un comunicado de la Defensoría, la citada negativa del INS y la SUGESE constituye una transgresión al derecho constitucional de acceso a la información, derivado del numeral 30 de la Constitución.

Ambos entes esbozan disposiciones de la Ley 7732 y 8653 que, en su criterio, tornan la información confidencial, interpretación que para la Defensoría resulta inaceptable por vulnerar principios del derecho de la Constitución como el de transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas.

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Aún y cuando el seguro obligatorio automotor tiene una previsión para ser ofrecido en un régimen de competencia, lo cierto del caso es que bajo las condiciones actuales únicamente el INS -esto pareciera que es así- ofrece el mismo y en ese sentido, aún y cuando existieran otros entes aseguradores ofreciendo el servicio, se trata de un régimen obligatorio y universal que da cabida a la elección en el operador del mercado de seguros a elegir, más no en la posibilidad de tomarlo por parte del consumidor, lo cual torna más relevante que exista una claridad en la información que da base a la fijación de la tarifa respectiva, conducta que omiten tanto el INS como la SUGESE, agrega el escrito.

Añade que el INS no ha esgrimido de manera sustentada qué parte de la información se encuentra sujeta eventualmente el secreto industrial y comercial, sino que de plano está negando la totalidad de la información y brindando únicamente la tarifa final a imponer al consumidor. En ese sentido, se está vedando totalmente al consumidor el derecho de conocer elementos mínimos que componen el precio final que paga por el servicio que obtiene, lo que se considera no es jurídicamente procedente a la luz de los principios constitucionales.

La Defensoría concluye que en ausencia de la información técnica que le ha sido negada por el INS y SUGESE, cabe la sana presunción de que las primas establecidas para el SOA de las motocicletas, vulnera también los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, al advertir que las tarifas autorizadas para el 2013 para un vehículo particular son de ¢17.734; un vehículo de carga liviana ¢13.659; un vehículo de carga pesada ¢17.505 frente a la impuesta a una motocicleta de ¢78.147.

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Hugo Solano

hsolano@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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