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La Asamblea invierte cerca de ¢70 millones en adecuar sus instalaciones a la Ley N.° 7.600. Archivo
Luego de 14 años de incumplir la ley de igualdad de oportunidades, la Asamblea Legislativa tendrá que adecuar sus instalaciones para que no presente barreras a las personas con discapacidad, según ordenó la Sala IV.
Las autoridades legislativas corren para cumplir con la resolución del órgano constitucional, emitida en setiembre, que dio seis meses para que se adapten las instalaciones legislativas acorde con la Ley sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, también conocida como 7.600, que aprobó el Congreso en abril de 1996.
“Se ordena a Francisco Antonio Pacheco Fernández en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, o a quien ocupe dicho cargo, que en el término improrrogable de seis meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, tome las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad a aquellas áreas que sean de acceso al público en los edificios que ocupa la Asamblea Legislativa”, señaló la Sala en el fallo 2009-13245.
La resolución la emitida en respuesta a un recurso de amparo presentado por Míriam Zamora Solera, de 85 años, quien se quejó porque las barras del público no tienen las condiciones para que personas con discapacidades motoras puedan acceder a ese sector del Congreso.
El director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, manifestó a La Nación que trabajan en una serie de modificaciones para cumplir con lo requerido por la Ley N.° 7600.
Las adecuaciones van desde la instalación de un nuevo elevador que comunique la planta principal con el área del plenario y las comisiones legislativas hasta rampas y pasamanos para personas con problemas de movimiento.
En cuanto al recurso de amparo presentado por Míriam Zamora, la Asamblea resolverá el reclamo construyendo una rampa de acceso que comunique el ala principal de la Asamblea con la barra de público, sin necesidad de que las personas con discapacidad se vean obligadas a subir por las gradas.
La inversión para adecuar las oficinas y el edificio principal de la Asamblea alcanzan los ¢70 millones, puntualizó Ayales.
El funcionario alegó que los problemas para cumplir con la Ley N.° 7.600 empiezan en el propio complejo central del Congreso, que está conformado por edificaciones,las cuales datan de principios y mediados del siglo anterior y que, por su diseño, complican el acceso a los espacios públicos.
El tema suscita observaciones de diputados entrantes y salientes con algún tipo de discapacidad.
En el caso del actual diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, la inversión es “necesaria y celebro las remodelaciones que está haciendo la Asamblea”, expresó ayer.
El próximo diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Chacón, consideró que “ha habido una falta de aplicación de la ley en todos los sectores; hay un esfuerzo importante, pero Costa Rica todavía tiene que hacer mucho en ese campo. Sí hay que reconocer que cada vez hay más conciencia del tema”.
En lo que ambos políticos coincidieron fue en que los edificios de la Asamblea no son aptos para cumplir la ley aprobada por los congresistas en 1996.
