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La Sala Constitucional y las intervenciones policiales

Actualizado el 25 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

Los servicios policiales no han diseñado estrategias adecuadas ante manifestaciones

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El jueves 22 de noviembre, la Sala IV resolvió un recurso de hábeas corpus, determinando que “hubo uso irracional y desproporcionado de la fuerza pública” en la detención de un universitario que participó en la marcha a favor del fotocopiado que tuvo lugar el 9 de octubre pasado. También “ordenó” al titular del Ministerio de Seguridad Pública “abrir, en el plazo de 24 horas, un procedimiento disciplinario contra los policías que habrían golpeado al estudiante para detenerlo”.

Estas dos decisiones merecen observaciones de distinta naturaleza.

k1. La orden de abrir un procedimiento disciplinario contra los policías.

La intervención policial debe ser analizada en el contexto de las funciones que generalmente se asignan a la Policía. Entre las más destacadas, figura el mantenimiento del orden público, cuya manifestación más evidente consiste en dispersar agrupaciones en la vía pública debidas a huelgas u otras razones. El principal problema que esta función policial plantea en una sociedad democrática es su conciliación con el derecho a la libertad de expresión de creencias y opiniones de los ciudadanos, lo que necesariamente implica el establecimiento de limitaciones, tanto de esta modalidad de libertad como de la intervención estatal.

En este contexto, la orden de la Sala IV no era necesaria. En primer lugar, los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública han mostrado desde hace tiempo tener una visión clara y acertada con respecto a las estrategias a seguir y las acciones por aplicar en relación con esta delicada categoría de función policial, entre ellas la elaboración de directrices para su ejecución, cuyo contenido y modalidades de aplicación forman parte de la capacitación dispensada en la Escuela Nacional de Policía. En materia de mantenimiento del orden, y en especial en los casos de manifestaciones públicas, se trata sobre todo de (a) no exponer indebidamente a los efectivos policiales en zonas problemáticas; (b) evaluar rápidamente la situación: por ejemplo, el número y potencial de peligro de los manifestantes, la dosificación del uso de la fuerza en función del grado de resistencia del potencial infractor (simple presencia policial y volumen de sus efectivos, intervención verbal, medidas coercitivas, arresto); y (c) excluir, en principio, el recurso a armas letales.

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También han actuado enérgicamente, tanto por la vía penal como disciplinaria, contra miembros de la Fuerza Pública implicados en diversos actos delictivos; por ejemplo, infracciones a la ley de psicotrópicos, abusos de autoridad, acosos sexuales, etc.

El impacto de estas estrategias y acciones se pueden apreciar en diversas intervenciones de la Fuerza Pública llevadas a cabo en los últimos meses. Por ejemplo, lo ocurrido en los puertos caribeños del país en la segunda semana de junio pasado, cuando unos 500 efectivos policiales tomaron en forma pacífica, a medianoche del jueves 14, el control completo de los muelles de Moín y Alemán, cerrados y ocupados por representantes del Sintrajap, o cuando, como consecuencia de este hecho, los sindicalistas convocaron para el día siguiente una huelga general indefinida, que se caracterizó por numerosos actos de vandalismo, entre ellos quemas de objetos variados, lanzamientos de piedras e, incluso, disparos de armas de fuego contra la policía antimotines, cuya intervención, pese a su amplitud, no dio lugar a ninguna muerte, y ni siquiera a algún herido grave, limitándose al lanzamiento en forma rasante y cerca del suelo de gases lacrimógenos, que solo causaron entre los manifestantes algunos problemas respiratorios, ardor en los ojos y náuseas.

k2. El uso irracional y desproporcionado de la fuerza.

En el plano internacional, la principal normativa figura en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por los agentes encargados de hacer cumplir la ley (Naciones Unidas, 1979 y 1990) y el Código europeo de ética de la Policía (Consejo de Ministros del Consejo de Europa, 2001). En estas normas, el uso de la fuerza por la Policía queda limitado por dos principios rectores fundamentales: la necesidad y la proporcionalidad.

La necesidad implica el reconocimiento del carácter excepcional o extremo de la medida y del recurso a ella únicamente cuando se requiera para obtener objetivos legítimos, entre ellos, mantener el orden en la sociedad o arrestar a un presunto delincuente que ofrece resistencia armada o pone en peligro la vida o la integridad física del policía o de otras personas.

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La proporcionalidad significa esencialmente el rechazo de cualquier actuación desproporcionada con respecto a los objetivos antes indicados: tal sería el caso de no recurrir en forma graduada a la fuerza física o a herramientas no letales (bastones, pelotas de caucho, gases lacrimógenos, entre otras).

En Costa Rica, la Ley General de Policía (1994) ha recogido, en su artículo 10, dedicado a los principios fundamentales de la actuación policial, lo establecido, en cuanto al fondo, en las legislaciones internacionales que acaban de exponerse. De acuerdo con su literal “d”, los miembros de las fuerzas de Policía del país deberán “emplear la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que se requiera para el desempeño de sus funciones”. Sin embargo, solo algunas decisiones judiciales se han pronunciado sobre los principios de necesidad y de proporcionalidad, en general con respecto a la aplicación de los requisitos legalmente exigidos para invocar la legítima defensa.

Estaría faltando, sin embargo, lo igualmente estipulado en el plano internacional: la necesidad de que las normativas nacionales incluyan disposiciones claras y precisas sobre el uso de la fuerza basadas en estos dos principios. Así lo han hecho, por ejemplo en España, los Mossos d’Esquadra, servicio policial de la Autonomía Catalana. Con respecto a la utilización de las armas de fuego, los miembros de este cuerpo policial deben seguir ciertas normas generales, entre ellas: no desenfundarlas o exhibirlas con finalidades exclusivamente intimidatorias y no disparar nunca ante la existencia de dudas razonables con respecto a la gravedad del delito o la identidad del delincuente, ni cuando están cercanos grupos de personas no involucradas, por la alta probabilidad de ponerlas en peligro. La mayoría de los países desarrollados han adoptado disposiciones similares.

Parece tener razón, además, el ministro de Seguridad Pública al opinar que, en la interpretación de los dos parámetros antes indicados, la resolución de la Sala IV no ha tenido en cuenta la agresión de algunos manifestantes contra varios policías, que sufrieron heridas de gravedad.

Conclusión. Pese a avances considerables, los servicios policiales costarricenses aún no han diseñado estrategias adecuadas y eficientes para enfrentar diversos acontecimientos de masas, cada vez más frecuentes. A este respecto, puede resultar de interés señalar nuevas estrategias y tácticas utilizadas por la Policía en protestas y manifestaciones llevadas a cabo, durante las cumbres de la Unión Europea, en Suecia (2001) y Dinamarca (2002), consistentes en distinguir dos enfoques de la gestión del orden público en actos multitudinarios de protesta: el control del lugar y el control de la situación.

En esta perspectiva, la Policía debería ampliar su conocimiento, tanto sobre el origen y la finalidad de las protestas como sobre las intenciones de los organismos que las propician y las de quienes participan en ellas. Solo de esta manera se podría llevar a cabo una vigilancia del orden público que respete y mantenga los espacios de diálogo propios de una sociedad democrática (Abby Peterson, Revista Catalana de Seguretat Pública , número 21 sobre “Orden público y gestión en acontecimientos de masas”, noviembre 2009, pp. 13-59).

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