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EDITORIAL

Riesgo para la libertad de expresión

Actualizado el 30 de junio de 2012 a las 12:00 am

Un dictamen de la Procuraduría General de la República amplía peligrosamente las facultades de la Oficina de Control de Propaganda

El criterio de la Procuraduría redefine el concepto de propaganda para incluir en él los contenidos incorporados al medio de comunicación por decisión editorial

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La Oficina de Control de Propaganda del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública ejerce control sobre el uso publicitario de la imagen femenina. La ley la faculta para hacer una revisión previa, acto de auténtica censura cuya compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos no ha sido probada, aunque la Sala IV lo encontró conforme con la Constitución Política.

En apoyo a la tesis sostenida por los magistrados, es posible argumentar la limitada protección concedida al discurso comercial, para el cual no valen a plenitud las garantías otorgadas a la libre expresión en otros ámbitos. El problema podría no estar en los límites impuestos en defensa de la dignidad de la mujer y el empleo indebido de su imagen con fines de propaganda, sino en la facultad de censurar publicaciones, aun comerciales, de manera previa.

La Convención Americana contempla una sola excepción a la absoluta prohibición de la censura previa: los espectáculos públicos “con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. Para cualquier otro exceso, solo puede haber consecuencias ulteriores, expresamente fijadas por ley y “necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

Con esos bemoles, la Oficina de Control de Propaganda se ha limitado a ejercer la supervisión de la propaganda comercial, pero la respuesta de la Procuraduría General de la República a una consulta planteada por ese despacho amplía su ámbito de influencia a contenidos no publicitarios cuando, a juicio de quienes ejercen la censura, las publicaciones atenten contra la dignidad de la mujer.

El razonamiento de la Procuraduría deja mucho que desear. En esencia, argumenta que, en algunos periódicos, las fotos de mujeres en poses sensuales son utilizadas para impulsar las ventas. Por esa razón, las asimilan a la propaganda cuyo propósito es, también, influir en las decisiones de compra de los consumidores.

Sin embargo, en este caso no se trata de mensajes repetitivos, transmitidos por los medios de comunicación para promover la venta de productos comercializados por terceros o persuadirlos a adoptar determinadas conductas. Estas fotos son parte integral del producto periodístico, independientemente del valor o desvalor que cada cual le asigne al medio o a las imágenes.

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Al redefinir el concepto de propaganda para incluir en él los contenidos incorporados al medio por decisión editorial, la Procuraduría emprende un camino lleno de peligros. A partir de ese punto, el ámbito de competencia de la Oficina de Control de Propaganda lo define la intención de atraer audiencias. El planteamiento pasa por alto que ningún contenido editorial está ayuno de ese propósito.

Los medios de comunicación –serios, sensacionalistas o ligeros– se hacen con la intención de llegar a los lectores, cuanto más mejor. Algunos, en particular los especializados, renuncian a determinadas audiencias en busca de satisfacer necesidades informativas de un segmento bien delimitado, pero siempre aspiran a atraer la mayor audiencia posible dentro del nicho escogido. Llevado al extremo, el argumento de la Procuraduría conduce a considerarlo todo propaganda y borra la distinción entre la expresión comercial y las demás manifestaciones de la libertad de expresión.

Nadie ha manifestado la intención de llevar el argumento al extremo en la práctica, pero es imposible saber hasta dónde lo impulsará la voluntad de los censores. Partiendo de la definición contenida en un informe de la Dirección Nacional de Control de Propaganda, resta saber cuáles manifestaciones pueden ser, en opinión de los censores, objeto de regulación, entendida como la emisión de “un criterio técnico sobre si una pauta comercial atenta contra la dignidad de las personas o reproduce estereotipos o patrones de conducta que el Estado costarricense adversa”.

Aparte de la imagen de la mujer, la Oficina regula “el contenido que promueva la discriminación de cualquier tipo, o incite al odio, a la guerra, al genocidio, o la violencia”. Borrada la distinción entre el contenido editorial –siempre destinado a atraer lectores– y la pauta comercial, dirigida a promover la venta de productos comercializados por terceros, la amplitud de las facultades de los censores para imponer su criterio es evidente, con el agravante de que el despacho “puede decomisar y destruir el material propagandístico, para lo cual puede recurrir al auxilio de la fuerza pública'”, según el informe citado.

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