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Clave fiscal

Ricardo González: Predicción cumplida

Actualizado el 01 de mayo de 2017 a las 12:00 am

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En enero del 2014, en esta misma columna, alertamos sobre el caos societario que provocaría el cumplimiento de la “sanción” de cancelar la inscripción de las sociedades morosas del Impuesto a las Personas Jurídicas. Nos referíamos en aquél momento a las empresas que no habían pagado el tributo en los años 2012 a 2014, (hoy también contaría el año 2015).

Al cumplirse los supuestos del artículo 6 de la primera ley del impuesto, es decir tres períodos consecutivos de no pago, esas sociedades pueden quedar disueltas y el Registro Nacional puede cancelar su inscripción, con lo cual perderán su personalidad jurídica societaria.

Hace tres años escribimos: “Lo que seguirá podría ser caótico: los acreedores de esas sociedades no podrán demandarlas en vía judicial, pues registralmente ya no van a existir, por lo que tampoco tendrán apoderados ni representantes. Los bienes que pudieron haber sido objeto de embargo para cobrar sus deudas, estarán en una especie de limbo jurídico, pues la sociedad que era dueña de esos bienes no existe registralmente y no se sabe a nombre de quien quedarán “anotados”, pues la Ley no lo indica. En el caso de los procesos judiciales y administrativos ya iniciados con anterioridad, la situación será igual de confusa.

Las sociedades quedarán desinscritas en medio de la tramitación de los procesos y sus representantes ya no lo serán más. Corresponderá a los tribunales interpretar si una sociedad disuelta y que ya no está inscrita, se convierte en una sociedad irregular, en una sociedad de hecho o si correspondería integrar como demandados a los socios en lo personal.

Si se opta por nombrar liquidadores, no podría inscribirse ese nombramiento en el Registro. Tal vez la solución sea nombrar curadores procesales en estos casos, para que puedan atender la defensa de una sociedad que registralmente ya no existe. La sanción de desinscripción sin previa liquidación de la sociedad conlleva el caos. Resulta inconveniente que aspectos esenciales de derecho sustancial queden sujetos a disposiciones administrativas como las que podría dictar el Registro para dar solución al problema.

Pues bien, todo lo que se anunció ya se está cumpliendo. Y todavía no hay respuestas.

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