Retos frente a radicalización de la brecha social
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Retos frente a radicalización de la brecha social

Actualizado el 08 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Antes de emprender un rediseño institucional no podemos olvidarnos de la desigualdad social

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Cualquier ser humano que se proponga hacer el diseño de su casa, oficina, etc., pasa revista primero, creo yo, a sus necesidades básicas. Luego trata de adaptar el diseño a esas necesidades.

A partir de 1980, una serie de países desarrollados, con modelos parlamentarios y aun presidencialistas, emprendieron una ruta de modificación de la arquitectura institucional de su respectiva Administración Pública (AP), con el acento puesto en lograr una mayor eficiencia y eficacia en su funcionamiento. Entre estos países se encontraban Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia, Canadá y los Estados Unidos. El supuesto del que se partió en momentos de crisis generalizada en el sistema socio-económico fue el de que el detonador de la crisis mundial lo era el Estado de Bienestar, por ampuloso, por burocrático y anquilosado, y porque se había producido una sobrecarga (overload) de demandas de la ciudadanía, que quedaban insatisfechas.

La receta en todas partes, que después se extendió a los países subdesarrollados, fue primero la de que la política manda sobre la AP, por la simple razón de que los políticos (insensatos, orgullosos, corruptos o no, racionales, como quiera que sean), son elegidos periódicamente por el pueblo, donde legitiman su mandato. Su “plan” por tanto debía (debe) prevalecer, la AP obedece.

Sin embargo, la cosa no termina allí... el acto siguiente es el de la realización del plan. Entonces, una AP remozada, desburocratizada, adelgazada y atlética (“Estado Lean”, F. Reinhard), modesta (“Estado Modesto”, M.Crozier), debía encargarse de ejecutar la partitura, solo que gozando para ello, a partir de ese momento y solo a partir de ahí, de plena independencia respecto de la política.

Los neoliberales aprovecharon para sentar en la picota a los Estados de Bienestar y emprender la ruta de la desregulación de las economías, acompañada del empequeñecimiento de los estados. Eficacia (énfasis en resultados) y eficiencia (énfasis en procedimientos) estaban enclavadas en el centro de la estrategia de la NPM, por sus siglas en inglés, o “nueva gerencia pública”. Objetivos estos desligados de la equidad. En lugar de eso, la nueva ecuación debería ser más eficiencia con más equidad, o modelo de los tres test: más eficacia, con más control, y más democracia con equidad (Cunill).

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Resultados nefastos. Después de más de treinta años de haberse iniciado esa experiencia, que aún no acaba, ¿cuál ha sido el resultado? Muchas cosas se podrían decir en cada país, con matices en su aplicación, pero salta a la vista una en particular, común a todos los sistemas políticos (parlamentarios o semi, presidencialistas, etc.): una ominosa brecha de desigualdad social, regional, de etnias y de géneros brotó por todas partes sin que se hubiese mejorado la eficiencia (vuelvo al punto de mi primer artículo). Algunos llegaron a creer que esa era una lógica de los tiempos posmodernos en la era de la globalización. No es así.

Costa Rica, donde radica una élite política experta en la cosa pública, pero algo agotada y también bastante corrupta, no emprendió “a pie juntillas”, el camino de la reforma del Estado; apenas lo hizo a medias. Lo suficiente como para darle curso a las ideas posmodernas que estaban en el ambiente, en un país moderno y hasta premoderno en algunos casos. El resultado fue el mismo que en todas partes, se impuso un estólido discurso pragmatista oportunista que condujo, a mayor velocidad que en casi toda la América Latina, a una radicalización de la brecha social. Pero, tengámoslo presente, dejando un sedimento de jugosísimas ganancias en la cúspide y un lastre de miseria abyecta abajo.

Rediseño institucional. Ahí estamos, este es el punto. No es el único reto que tenemos por cierto, pero es el más descomunal. Por ende, si hemos de emprender ahora un rediseño institucional, no podemos olvidarnos jamás de esa realidad. Todo lo que hagamos (quiero “exagerar” hoy, la realidad nos lo impone), debe orientarse a conseguir objetivos cardinales en el Estado y en la AP, que nos ayuden a enfrentar nuestras máximas falencias:

1- Estado Gestor y estratégico más que ejecutor. O sea Estado que “timonea”, en lugar de remar.

2- Incrementar el diálogo social y la negociación, en lugar de la imposición.

3- Deben establecerse con mayor rigor, determinación y coraje, los mecanismos del control ciudadano sobre los diversos poderes del Estado. (Sí leyeron bien, Control Ciudadano). Se debe mejorar la representación ciudadana en diversas instancias, así como propiciar más auditorías ciudadanas.

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4- Fortalecer el régimen semiparlamentario, en detrimento del presidencialismo subido que tenemos. (Los Notables han preferido denominarlo presidencialismo atenuado).

5- Darle la mayor importancia al accountability o rendición de cuentas en todas las instancias, junto con la transparencia; los que ejercen el poder, nacional y local, deben estar como en una pecera, de modo que los veamos desde todas partes. Por cierto, accountability no es autobombo, es fundamentalmente informe autocrítico de la actuación. ¡Prohibido el autobombo!

6- Descentralización (donde ayude a mejorar la ecuación eficacia-equidad y fortalecimiento del poder local.)

7- Desburocratización, esencialmente eliminar grasa en las instituciones, dobles cadenas de mando, excesivas instancias (un ejemplo de un modelo antiburocrático es el del “hospital sin paredes”, nos recuerda Miguel Sobrado).

8- Ahora sí, fortalecer la autonomía en la AP, mayor discrecionalidad para ejecutar las tareas, pero sumisión al programa de gobierno. Implica entre otras cosas, eliminar la injerencia del ejecutivo en el nombramiento de los jerarcas de las autónomas, ¡ah por cierto! hace rato que dejaron de ser autónomas. Y luego, o presidente ejecutivo o gerente, pero no ambos.

Lo dicho se amarra con:

A. Pasar a un periodo presidencial de cinco años.

B. De acuerdo con los Notables en incrementar el poder de la figura del ministro de la Presidencia; el cual puede ser destituido por el Congreso, por decisión de dos terceras partes de sus miembros. Su nombramiento debe resultar de una terna presentada por el o la presidenta al Congreso; aprobada por este, por mayoría absoluta de sus miembros. Si no resuelve en plazo prudencial, el presidente queda en libertad de nombrar.

C. Dos terceras partes de los miembros del Parlamento deben ser nombrados por voto directo de la ciudadanía; su nombramiento es revocable siempre que así lo solicite una mayoría muy calificada de ciudadanos. El resto del Parlamento se elige por el sistema de plancha, pero la ciudadanía escoge dentro de la plancha. También aquí debe haber revocatoria del mandato.

D. Cero injerencia de financiamiento privado en elecciones nacionales y locales.

E. Tiempo limitado en el Parlamento para la discusión de proyectos calificados; pero tienen potestad para presentar proyectos prioritarios tanto el Ejecutivo, como las fracciones representadas en el Parlamento, en orden descendente en cuanto al número de proyectos, de acuerdo con el grado de representación alcanzado por las fracciones en la elección nacional.

F. Control ex post de la Contraloría General de la República. Aquí me quedo, por ahora. Gracias.

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