EscucharEl presidente del Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manuel García, renunció formalmente ayer a su cargo.
García alega que su salida no tiene “nada que ver” con la denuncia que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió al Ministerio Público por supuesta estafa con el cobro de dinero en la pasada campaña electoral.
“Mi renuncia ya la he venido anunciando hace tiempo dentro de las instancias del Partido, por un problema de asistencia de miembros del Tribunal. Falta de cuórum y problemas de índole interno”, dijo García.
“Prefiero no estar si no hay un compromiso de los miembros; hace tiempo he manifestado que así no puedo trabajar”, agregó.
Consultado sobre la denuncia del TSE, García afirmó que quedará en manos de las autoridades del Tribunal de Ética determinar si cabe una investigación, y dijo que la pesquisa debe abrirse de oficio.
“Para actuar de oficio necesitamos que por lo menos cuatro de los cinco miembros acuerden crear un órgano investigativo”, dijo.
Se intentó conocer la posición de la secretaria del Tribunal, Beatriz Rivas, pero no contestó en su bufete. En el Partido trataron de localizarla, pero no respondió.
Sin embargo, la secretaria general del PAC, Margarita Bolaños, afirmó que de momento el Partido no va a pedir una investigación interna sobre la denuncia que presentó el TSE al Ministerio Público.
“¿Por qué nos vamos a acusar ya?... Todo tiene su tiempo”, expresó Bolaños.
La vocera del Partido agregó que la secretaría no pediría una investigación pues de momento no tiene la denuncia del TSE.
Quien sí dijo que pedirá una investigación al Tribunal de Ética del partido fue el diputado Manrique Oviedo.
En conferencia de prensa ayer, junto con sus compañeros Jeannette Ruiz, María Eugenia Venegas Renauld, Jorge Gamboa y Gustavo Arias, afirmó que hay denuncias presentadas que no se han revisado en el Tribunal.
También solicitaron que se convoque a una Asamblea Nacional para volver a discutir la propuesta que hizo el sábado Ottón Solís, en la que se planteaba sacar a la agrupación de las próximas elecciones si se prueba, antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas, que en el partido cometieron delitos electorales.
