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Reforma procesal laboral y empleo público

Actualizado el 14 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Un proyectoque implicaun retrocesode 70 años

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Reforma procesal laboral y empleo público - 1
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Reforma procesal laboral y empleo público - 1

El presente escrito es apenas una introducción al tema, el que merece un cuidadoso profundo y urgente tratamiento. Solo esto último podríamos aquí satisfacer. Sin embargo, se ofrece lo suficiente para formarse una idea adecuada del asunto. Se trata del proyecto 15.900, que acaba de ser vetado por la cuestión de la huelga en el empleo público. Nuestra tesis es la de que el veto se quedó cortísimo. La reforma únicamente nos interesa aquí en cuanto regula el empleo público.

Una reforma procesal laboral, o sea referida al proceso (ante el Juez) de resolución de conflictos de Derecho del Trabajo, congruentemente no puede abarcar el empleo, menos la parte no procesal de este. Además, es dudoso que no especialistas en Derecho Público de Empleo puedan cuajar una regulación aceptable en este campo.

Un marco que no es idóneo. Ni una regulación laboral, ni menos una regulación procesal laboral, son marcos idóneos para proveer a la solución normativa de problemas del Derecho Público de Empleo, parte del Derecho Administrativo. Este, al igual que el Derecho Laboral, son ramas autónomas del Ordenamiento Jurídico. Por principio en una normativa de una rama jurídica no se regulan temas de otra rama jurídica.

El proyecto sometido al Poder Ejecutivo por la Asamblea Legislativa ciertamente regula la huelga en el empleo público en forma equivocada, totalmente inconveniente, como lo señala el veto. Pero no solo en eso yerra seriamente. De hecho se equivoca en todo lo que alcanza al empleo público: prescripción, jurisdicción, procedimientos especiales, el debido proceso administrativo, solución de conflictos colectivos, convenciones colectivas, régimen de los servidores del Estado, etc.

Es tal cantidad de regulación sustantiva del empleo público que se provee, que puede afirmarse, con absoluta certeza, que a partir de ello la principal fuente normativa escrita general de Derecho Público de Empleo en Costa Rica será el Código de Trabajo, lo que sencillamente es espeluznante.

Un cúmulo de desaciertos. Solo para señalar unas pocas pruebas contundentes del cúmulo de desaciertos, nos referimos al art. 414, escogido casualmente para justificar este breve examen. Establece una prescripción genérica para disciplinar (despedir es también disciplinar) de un mes. Pero mantiene que es a partir de que se conozcan los hechos, de donde no hay un término tope. Pero esto no es lo más grave. Dispone que la prescripción del mes se hará si el procedimiento sancionador se paraliza por culpa del empleador por más de un mes. Hace menos de cinco años empezó a regir la norma de que si se abandona el procedimiento por más de seis años se produce caducidad. ¿Es seria semejante modificación? ¿Se habrán siquiera dado cuenta de la modificación que se introducía?

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Un trompo en una uña. Y también aludimos al art. 423. Según este (en relación con el 422), los sacrosantos principios del Derecho Laboral ( in dubio pro operario , norma más favorable y condición más beneficiosa) son aplicables a las relaciones con el Sector Público, en tanto “no se contravenga el principio de legalidad”. Es más fácil bailar un trompo en una uña que entender esto. Y se agrega: la regla de la primacía de la realidad es aplicable a ese sector “cuando ello sea posible, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública”, la que no se ocupa de semejante tema. De paso incurre en deficiencias técnicas inadmisibles en una ley del 2012 (“el Estado, sus instituciones y órganos”).

Por fortuna el Proyecto dispone que entrará a regir 18 meses después de su publicación. Por fortuna ya fue vetado, aunque sin el debido completo estudio. Es absolutamente irrelevante, por supuesto, que el proyecto haya tenido el aval de una gran cantidad de gente y de sectores. En cuanto nos interesa, lo cierto es que no sirve para el Sector Público.

Laboralistas descaminados. El Proyecto implica un retroceso de 70 años. En un principio, en los 40, era aceptable que el Código de Trabajo se ocupara, en algo, del empleo público. Hoy día es totalmente inaceptable. El Proyecto es una demostración de que los laboralistas no acaban de aceptar que el Derecho Público de Empleo es algo ya con cédula de identidad propia.

Y, lo peor, el Proyecto deja patente que sencillamente los laboralistas, que solo tienen una óptica , desde esa óptica no pueden lograr la regulación debida para temas de Derecho Público, rama que no dominan, lo que los lleva a producir una normativa inservible, gravemente contaminada.

Hay sobrado chance de un arreglo sensato y lícito.

Si no, será llevarlo a la Sala Constitucional.

Ya hace algunos años hubo un proyecto de reforma de la legislación laboral y se hizo el mismo enredo, pero se abortó en definitiva la iniciativa. Hoy se incurre en el mismo pecado.

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