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Reforma de la Sala IV

Actualizado el 02 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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Según se asienta la polvareda del caso del magistrado Fernando Cruz, emerge en el país la apariencia de un consenso sobre las reformas necesarias en la Sala Constitucional. Es un desarrollo positivo de la crisis recién superada, pero no debe llamar a engaño. Si bien hay acuerdo sobre la importancia de revisar la jurisdicción constitucional, no existe uniformidad de criterios sobre el ajuste concreto ni comunidad de propósitos.

La propia Corte Suprema de Justicia es partícipe del consenso general, pero tiene en mente una reforma distinta de la pretendida por otros sectores. Los magistrados entienden la necesidad de agilizar los procesos de control de constitucionalidad y están dispuestos a desconcentrar la jurisdicción para reservarse el conocimiento de los asuntos más trascendentales. Los recursos de amparo y hábeas corpus pueden ser resueltos en otros niveles de la judicatura.

Sin embargo, importantes sectores políticos se plantean el problema como un elemento de la gobernabilidad. Sus objeciones se centran en el ejercicio del control de constitucionalidad y no en la mora producto del torrente de casos planteados a la Sala cada día. Esa diferencia de puntos de vista enmarca el debate y revela la posibilidad de llamarse a engaño. El acuerdo manifiesto en términos generales corre el riesgo de esfumarse una vez confrontadas las partes con el detalle. Hará falta una negociación de muy buena fe.

La Sala debe reconocer su tendencia a micro administrar, imponiendo al poder ejecutivo acciones propias de los ámbitos de decisión política. Tampoco ha sido exitosa en el ejercicio de la autocontención. El ejecutivo y los diputados deben admitir, por su parte, la importancia de la jurisdicción constitucional para la plena vigencia de los derechos ciudadanos. La Sala no es un estorbo, sino una garantía. La agilidad en la toma de decisiones tampoco depende de restarle facultades.

Importa definir los ajustes, sin distraerse en temas de impacto limitado. Entre las reformas propuestas, la más común se refiere a las consultas legislativas de constitucionalidad. En la mayoría de los casos se trata de consultas facultativas, nacidas de los propios diputados, cuyos inmoderados ejercicios de obstruccionismo se proyectan también a otros ámbitos del quehacer legislativo.

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Bien empleadas, las consultas representan una economía. Es mejor saber de antemano si la legislación aprobada en primer debate armoniza con la Constitución. Si para obtener esa certeza hay un plazo razonable y la Sala lo cumple, miel sobre hojuelas. En el peor de los casos, se añade un mes a trámites cuya larga duración es, casi siempre, responsabilidad del Congreso.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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