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Propiedad intelectual y veto presidencial

Actualizado el 29 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Tenemos la oportunidad de crear nuestro propio régimen de propiedad intelectual

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El reciente debate en torno a un posible veto presidencial al proyecto de Ley No. 17.342 sobre despenalización del fotocopiado es el reflejo de un mal mayor: la inexistencia de verdaderas políticas públicas de innovación y propiedad intelectual, y la necesidad de crear un régimen de tutela propio, multisectorial, adaptado a nuestra realidad.

Se debe superar la reducida visión de comercio exterior y de protección a los grandes titulares nacionales y extranjeros, que en definitiva induce a la ciudadanía a optar por la piratería, ante la natural incomprensión de quienes solo ven en la propiedad intelectual costos mayores y exclusión.

Pacto social incumplido. Todo régimen de propiedad intelectual tiene como sustrato filosófico la existencia de un “contrato social”: la sociedad recompensa concediendo un período de explotación exclusiva a cambio de recibir desarrollos tecnológicos y creaciones artísticas, que de otra manera no encontrarían incentivos para contribuir al acervo de un país. Luego de más de veinte años de desarrollar una normativa de propiedad intelectual armonizada con estándares internacionales, dicha contribución no ha sido la esperada.

Miles de patentes de invención solicitadas y concedidas, se resguardan como conocimiento de abadía, aún en espera de ser digitalizados para ser accesibles a profesores, estudiantes e investigadores. Los “derechos intelectuales comunitarios sui generis” siguen siendo letra muerta para las comunidades aborígenes desde la promulgación de la ley de biodiversidad en 1998. La vigorosa protección de los derechos de autor y conexos no ha implicado tampoco una mejoría en las condiciones de nuestros autores. Como corolario, se tiene que el sistema vigente de protección de la propiedad intelectual sigue en deuda con la ciudadanía y con la mayor parte de sus posibles beneficiarios.

Existe abundante jurisprudencia nacional que reserva a la sanción penal ser la última “ratio” para abordar un determinado conflicto. En materia de propiedad intelectual, la sanción penal debe entonces reservarse a casos de plagio, usurpación, uso fraudulento o crimen organizado. Despenalizar no significa dejar de sancionar.

Para casos de reproducción a gran escala, de “clonación” o con fines de lucro, la Ley No. 8039 ofrece remedios procesales que van desde la imposición de medidas cautelares y en frontera, hasta sanciones pecuniarias y multas, cuyo carácter disuasorio es indubitable. Una persecución penal pública saturada, es también un motivo para reservar la consideración de imputado para aquellas transgresiones que realmente lo ameriten.

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La necesidad de acceso al conocimiento y la cultura deben ser consecuentes con la importancia de evitar la reproducción indiscriminada y no supervisada que impacta negativamente la ya de por sí lánguida industria editorial costarricense. Estas empresas son las únicas garantes del talento literario nacional, en particular, de autores jóvenes y/o en su momento desconocidos cuya existencia y continuidad se sujeta a la de estas pequeñas empresas. Un justo medio debe buscarse. El derecho comparado ha ofrecido soluciones que van desde la imposición de un módico canon a la reproducción de determinados tipos de textos, hasta el respeto de porcentajes máximos permitidos de reproducción.

Un ejemplo de interés lo es el convenio suscrito en el 2009 por una de las universidades públicas más grandes y reputadas de America Latina, la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien acordó con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, reproducir obras protegidas a costos accesibles, bajo una licencia otorgada por esta entidad que agrupa a editores y escritores.

Nuestro propio régimen. Aún conservo las antologías elaboradas por “Chico” en la fotocopiadora de la Facultad de Derecho de la UCR. Albergo la esperanza de que mis estudiantes puedan seguir contando con ellas sin que figuren como imputados en sede penal. Albergo también la esperanza de que el Gobierno comprenda que vetar sin resolver, sin proponer alternativas de acceso, es un acto de irresponsabilidad muy superior al hecho mismo de no proteger la propiedad intelectual.

Lo que ha nacido como una coyuntura puede ser para el Gobierno una buena oportunidad de dar inicio a la creación de nuestro propio régimen de propiedad intelectual. La señora presidenta tiene ahora la palabra.

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