Presa en registro de agroquímicos enfrenta al MAG y empresarios

Una presa de 150 solicitudes de registro de agroquímicos tiene de nuevo enfrentados al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y a las empresas del sector, que se echan la culpa mutuamente.

La cantidad de solicitudes data del 2007, cuando entró en vigencia un nuevo reglamento que aplica el SFE, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Las solicitudes de registro son para nuevos ingredientes activos. Eso hace que el país tenga en uso productos muy viejos y no aplique las nuevas tecnologías en este campo, lo que le hace perder competitividad, opinó Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios.

Esa organización agrupa especialmente a las empresas que distribuyen agroquímicos originales.

Mientras tanto, la Cámara Nacional de Productores de Genéricos dijo que no tiene ningún problema con los registros.

Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), se quejó porque la situación no permite a los agricultores contar con la tecnología más reciente en ese campo.

Adelantó que pedirán un informe al SFE para analizar el caso y luego decidir qué medidas tomar. Hace seis años, recordó, mediante la gestión de los agricultores se consiguió una ley para eliminar otra presa de registros que también había en aquel momento.

Según Vargas, es notorio que los precios bajan cuando hay más competitividad de agroquímicos.

Culpabilidad. Esaú Miranda, jefe de la Unidad de Registro en el SFE, aseguró que los tres ministerios (Salud, Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y MAG) han revisado el 70% de las 150 solicitudes de registro presentadas desde el 2007.

A un total de 98 de esas peticiones ya se les ha apercibido; es decir, ya se le entregó respuesta a la empresa interesada. Reconoció que en todos los casos se les ha pedido requisitos adicionales a las compañías; todo, conforme con el reglamento.

“Cuando se cumpla con todo lo que pide el reglamento, se eliminará esa presa; a mí, como unidad de registro, no me miden por cuánto he inscrito, sino por cuánta documentación presentada he revisado”, enfatizó Miranda.

Pero Obando aseveró que la cantidad de requisitos está hecha para que no sea posible inscribir ningún ingrediente activo nuevo.

Explicó que, por ejemplo, se deben traducir todas las páginas de los expedientes que vengan en inglés y eso cuesta al menor $1.000 por página pues es lenguaje técnico.

Obando llamó a dejar de lado el enfrentamiento y sentar a las partes (Gobierno, SFE, productores de genéricos y de originales) para un diálogo que permita aclarar los requisitos, definir cosas que se puedan cumplir y eliminar la presa.