Recién terminado el periodo fiscal 2012, es necesario que nuestros equipos contables y gestores de la administración financiera de nuestras empresas se preparen para llevar a cabo el habitual cierre fiscal, con matices novedosos y no habituales.
Podemos optar por realizarlo tal y como estamos acostumbrados o, siempre en pro de buscar las mejores prácticas para nuestro negocio, prepararnos para afrontar el cierre como un proceso donde podamos garantizar la calidad del mismo y por ende sus mejores resultados.
Al cierre se le debe enfocar como un proceso de aseguramiento de la calidad de la información que se va a verter en las declaraciones, tanto las informativas como autoliquidaciones del impuesto de utilidades. El plazo vence el 15 de diciembre.
Es fundamental entender la situación que generan las nuevas sanciones, introducidas en la reciente reforma fiscal, en materia de incumplimientos e imprecisiones contables al preparar la información para determinar la obligación tributaria de renta del presente cierre fiscal, así como el cumplimiento con las normas internacionales de información financiera.
Los invitamos a ver el proceso de cierre como una secuencia lógica de pasos interconectados para llegar a un objetivo: la correcta determinación del impuesto sobre las utilidades que les corresponde pagar, aprovechando la mayor cantidad de ahorros tributarios disponibles en el propio sistema tributario. Este es el norte en la estrategia de un “cierre fiscal eficiente”.
Para lograr la eficiencia dicha, se debe aprovechar cada oportunidad y derecho de opción que ofrece el sistema y tratar de mitigar o minimizar los riesgos fiscales que el incumplimiento de las obligaciones comporta. Esto hay que realizarlo en el marco de un nuevo escenario de accesos a la información bancaria de los contribuyentes por parte de la tributación, aún en los supuestos previos a la fiscalización, lo que aumenta el volumen de los riesgos tributarios a los que estamos expuestos.
El riesgo emerge de las reformas fiscales y es relativo entre otros al aumento en las sanciones, plazos de prescripción, medios de detección, monitoreo y controles cruzados.