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Populismo vial

Actualizado el 29 de junio de 2012 a las 12:00 am

El populismo vial inhibe la promoción de esquemas de participación privada

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Populismo vial - 1
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Populismo vial - 1

Los problemas en la deteriorada infraestructura nacional siguen siendo noticia. En esta ocasión el enorme hundimiento en la ruta General Cañas nos pone de nuevo frente a nuestra lamentable realidad: dependemos de una carretera. Y es que, un choque, una simple temporada de lluvias o una manifestación (aunque sea de dos personas) es capaz de colapsar la deteriorada infraestructura de transporte costarricense.

Populismo. Ante este problema, muchos suelen argumentar que los problemas son propios de la Costa Rica de hoy pues anteriormente se vivió una “época de oro” donde el MOPT estaba a cargo de todos los trabajos, y los problemas prácticamente no existían. Sin embargo, es claro que más que una “época de oro” eran tiempos donde se afrontaba un nivel de demanda mucho menor y donde lamentablemente al igual que hoy el país arrastraba un pernicioso mal: el populismo vial, esa visión cortoplacista donde los proyectos de infraestructura se limitan únicamente a su costo de construcción. Esa donde la ruta más simple y popular consiste en incrementar el endeudamiento público, buscar donaciones internacionales, vender a la ciudadanía la idea de que los proyectos en manos del Estado son gratuitos y heredar a las futuras generaciones los problemas de cómo pagar, mantener y reconstruir la red de transporte nacional.

Pero más que mirar al pasado en busca de explicaciones es necesario preguntarnos: ¿estamos haciendo lo necesario por romper de una vez por todas con ese populismo vial? Al parecer estamos aún lejos. Y es que si bien es justo reconocer el esfuerzo de la administración pública al anunciar proyectos como Cañas-Liberia ($154 millones), Chilamate-Vuelta de Kooper ($52 millones), Circunvalación Norte ($115 millones), Ruta 32 ($30 millones), pasos a desnivel y puentes mayores ($110 millones) y la posible ampliación del tramo Río Frío-Limón ($100 millones donación China + $280 millones crédito blando), lo cierto es que estos debieron haberse ejecutado varios años atrás y no necesariamente rompen con los tradicionales criterios cortolacistas, pues se dejan de lado preguntas claves:

¿Cuál es el impacto fiscal a corto plazo y para las futuras generaciones del endeudamiento y sus riesgos inherentes? ¿Cuántos recursos deberá destinar el fisco una vez que los proyectos entren en servicio para brindarle el mantenimiento adecuado? ¿Cuál es el nivel de exposición de riesgo de la hacienda pública y la economía nacional ante posibles eventos como el hundimiento en la General Cañas?

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Prioridades del Estado. Asimismo, cabe la pregunta: si permitiésemos que el sector privado financie la ampliación de la ruta a Limón o incluso la modernización de los muelles de Japdeva, ¿a qué otras actividades podríamos destinar los recursos (ej. un tren metropolitano)?

Y es que el populismo vial inhibe la promoción de esquemas de participación privada pues, aunado a la intransigencia ideológica de algunos sectores, resulta más simple mantener un modelo donde el usuario no pague por el uso de la infraestructura que afrontar el problema de establecer “tarifas impopulares” que garanticen su pago y adecuado mantenimiento.

En este sentido, para empezar a cambiar las cosas es necesario que el Estado defina claramente sus prioridades y tengo claro que ningún crédito blanco, donación o reforma fiscal podrá por si sola brindar una solución sostenible, sobre todo considerando las enormes necesidades para atender programas de salud, vivienda, seguridad ciudadana, etc.

A su vez, los ciudadanos debemos tener presente que el Estado no puede estar en todas las actividades y que la idea de que el disfrute de los proyectos de infraestructura “es y debe seguir siendo gratuito” no es más que un espejismo producto del cortoplacismo al que nos hemos aferrado por décadas.

El tiempo pasa y lamentablemente un evento como el hundimiento en la ruta General Cañas es capaz de colapsar la actividad económica en el centro del país, un pequeño choque o manifestación hacen imposible el traslado por San José, la posibilidad de transporte por diversas vías sigue siendo impredecible (Ruta 32) y aún no hay claridad sobre el nivel de prioridad del que goza el desarrollo de sistemas de transporte masivo.

Tal y como lo he expuesto anteriormente (La Nación, 17/06/2012), Costa Rica requiere una solución que, además de ser sostenible en el tiempo, garantice un uso eficiente de los recursos públicos y devuelva la confianza a los ciudadanos. Y esta no pasa solamente por más créditos blandos o donaciones, los recursos de los fondos de pensión, los fideicomisos de obra pública o la autorización para la participación privada.

En tanto los gobernantes y ciudadanos no hagamos lo necesario para acabar con el populismo vial (de lo fácil y gratis), serán pocos los interesados en invertir en proyectos de infraestructura en Costa Rica, seguiremos viendo el país llenarse de puentes Bailey, seguiremos perdiendo gran parte de nuestro tiempo de vida en embotellamientos y, lo más lamentable de todo, seguiremos heredando a nuestros hijos y nietos una acumulación de problemas sin resolver.

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Federico Villalobos Carballo. Economista, especialista en Alianzas Público -privadas

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