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Política migratoria laboral

Actualizado el 26 de febrero de 2013 a las 12:00 am

El reportaje dejade lado el fondo del problema que enfrenta Migración

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Política migratoria laboral - 1
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Tengo que confesar que, al recibir el periódico LaNación del pasado domingo 17 de febrero, con sorpresa observé la portada referida a “Nicaraguenses sufren calvario para tramitar permisos de trabajo”, que luego se desarrolla en dos páginas completas. Posteriormente, al leer con detenimiento el contenido de la información, caí en cuenta de la importancia del dimensionamiento de la noticia considerando lo que la migración significa para el país.

Efectivamente, así es como hay que hablar de Migración en Costa Rica, fuerte y amplio, aunque me hubiese gustado que fuera más claro e integral el abordaje y no limitado al tema tramitológico.

Si bien este es heredado y evidentemente mejorable (durante mi gestión adoptamos una serie de medidas para administrar de manera adecuada la alta demanda de servicio; por ejemplo, entre otros, se elaboraron folletos informativos amigables, se contó con apoyo a la consulta por parte de jóvenes voluntarios, se amplió el horario hasta las 7:00 p. m. durante varios meses y nos encontrábamos en proceso de modernización del proceso de comunicación institucional), el reportaje deja de lado el fondo del asunto, el cual no se limita a una única nacionalidad.

Doble discurso. Lo que se encuentra en la base de esta cuestión es la política migratoria laboral que Costa Rica ha sostenido por muchos años y que, fundamentalmente, se basa en un doble discurso sobre el tema, al aceptarse que necesitamos fuerza de trabajo extranjera en importantes sectores productivos del país, pero no estamos dispuestos a promover su ordenamiento en forma integral. Es algo así como quiero pero no quiero.

Sin duda, esta “política” (porque el silencio o la omisión puede ser una política) sustentada en la falta de definición al respecto tiene antecedentes históricos y hasta de índole política internacional, pero, con ello, lamentablemente, se evade el trasfondo esencial del tema para conveniencia de algunos.

Se trata, por un lado, de derechos humanos, a partir de los derechos laborales de aquellas personas que entregan el fruto de su trabajo a un patrono o patrona, sin que en la mayoría de las ocasiones, estos últimos asuman la correlativa responsabilidad que su condición patronal les demanda, menoscabando las garantías sociales que nuestra Constitución Política reconoce a todas las personas, sin distinción alguna.

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Por otra parte, se trata de encauzar, de manera intencional y debidamente direccionada, esa fuerza laboral hacia aquellos sectores de producción que así lo requieren, como es bien reconocido en el área de la agricultura, la construcción y los servicios (particularmente domésticos).

Sin embargo, pese a esta realidad, los sectores productivos no se animan o no impulsan la formulación de tales lineamientos y políticas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se conforma con abordar el tema de manera puntual, designando cuotas de contratación por actividades y temporadas.

La Ley General de Migración y Extranjería señala en forma diáfana que la política migratoria debe orientar hacia el desarrollo del país y el respeto de los derechos humanos, de manera que debemos superar esa ambiguedad y adoptar de una vez por todas una política migratoria laboral de corto, mediano y largo plazo, que permita gestionar los flujos migratorios que recibe el país en forma seria y coherente. En esta materia, no se trata de fórmulas pétreas, sino que se dispongan principios y parámetros lo suficientemente bien definidos que permitan ser adaptados, en su inmediatez, a la necesidades específicas de un momento dado.

Esto requiere voluntad y decisión, así como un gran sentido de integralidad sobre la gestión migratoria que no se resuelve exclusivamente con acortar trámites y filas, aunque sin duda tal definición coadyuvaría también en la mejora de los servicios. Esa voluntad debe incluir también la participación del sector patronal (grandes productores, v. gr. cafetaleros, o pequeños como los jefes/as de hogar) que a la fecha no ha asumido plenamente el rol protagónico que tiene en la formulación y cumplimiento de esta política.

A partir del mandato de la nueva normativa migratoria (vigente desde marzo 2010), con decisión nos abocamos, tanto desde el Consejo Nacional de Migración como desde la Dirección General de Migración y Extranjería, a la formulación de una política migratoria integral que incluya de manera expresa y explícita el aspecto laboral.

Ese proceso de formulación está en curso y debe brindársele todo el apoyo que una iniciativa de esta naturaleza requiere para que se formule al nivel de la realidad de nuestro país, tomando en cuenta el contexto geopolítico, social y económico en que vivimos y hacia donde queremos llegar.

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“No tengamos miedo a hablar de Migración”, he dicho en repetidas ocasiones en el ejercicio de mi cargo; por lo que, así como se posiciona un fragmento del tema como en la noticia comentada, así de fuerte, amplio y claro debe ser el abordaje que se le dé en la agenda política y en la opinión pública al tema de las migraciones laborales, tal y como ya se hace en otras latitudes.

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