Preocupada porque sus soldados y hasta su presidente fuesen sometidos ante la Corte Penal Internacional (CPI), la administración de George W. Bush inició, en el 2002, una ofensiva diplomática para suscribir acuerdos bilaterales que garantizaran inmunidad a sus ciudadanos.
EE. UU. llegó a firmar acuerdos con 102 de 114 países miembros de la Corte que fueron conocidos como del “Artículo 98”, porque estaban amparados en el artículo 98 del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal en 1998.
Dicho artículo permite a dos países garantizarse de manera mutua, mediante acuerdos internacionales, que no someterán a sus ciudadanos a la jurisdicción de la Corte Penal, a menos de que ambos lo consientan.
A los 12 países en el mundo que se resistieron a firmar (entre ellos, Costa Rica, México, Ecuador, Bolivia y Paraguay) se les aplicaron sanciones económicas entre el 2003 y el 2006, como el retiro de la ayuda militar y la suspensión de fondos de asistencia económica estadounidenses.
En julio del 2003, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Protección de Servidores Estadounidenses (ASPA, por sus siglas en inglés) que ordenó retirar la ayuda militar a los Estados que no firmaran los acuerdos.
Luego, en diciembre del 2004, el Congreso endureció los castigos con la aprobación de la enmienda Nethercutt, que ordenó cortar los fondos de asistencia económica a esos países.
En marzo del 2006, luego de tres años de sanciones, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, calificó la política de su gobierno de suspender la ayuda militar a países amigos como un “disparo a nuestros propios pies”.
Entre octubre del 2006 y enero del 2008, Estados Unidos eliminó las sanciones de la ley ASPA y en marzo del 2009 el presidente Barack Obama eliminó la enmienda Nethercutt del presupuesto estadounidense.
Escuchar