Habitantes de las casas ubicadas a la margen izquierda del rio Virilla en el Bajo de los Anonos. A pesar del desalojo realizado por las autoridades aun quedan personas viviendo en ese sector. Sabado 22 de enero del 2011, 11 am. En la foto: A la entrada del caserio han sido acumulados los escombros de las casas desalojadas. (albert marin)
La Policía Municipal de Escazú mantiene vigilancia sobre la zona marginal del Bajo Los Anonos para evitar nuevas invasiones en los terrenos desalojados semanas atrás.
Isidro Calvo, jefe policial de la zona, informó que la supervisión se realiza tres veces durante el día e igual cantidad por la noche.
Calvo manifestó que hasta el momento no han tenido mayores inconvenientes con los vecinos tras las desocupaciones.
Además, el funcionario indicó que la vigilancia se mantendrá durante las 24 horas por tiempo indefinido, ya que aún hay personas que faltan por desalojar.
Sin embargo, agregó que no tiene un equipo especial encargado de la zona, sino que el personal ordinario se dedica a inspeccionarlo.
“Visitar el lugar es parte de la rutina de patrullaje de la Policía Municipal”, indicó Calvo.
En total, 60 policías integran la Policía Municipal de Escazú.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró Bajo Los Anonos inhabitable en diciembre, tras la emergencia nacional que provocó la tormenta
Un total de 60 familias fueron evacuadas del lugar y llevadas a Escazú y al Gimnasio Nacional.
En ese entonces, Fernando Marín, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) , dijo que la región era propensa a los derrumbes e inundaciones.
Ante esto, Calvo aseguró que “no hemos hecho más que intervenir cuando se presentan situaciones estrictamente necesarias”.
Los desalojos están a cargo del Ministerio de Salud, entidad que representa Sebastián Vaquerano.
Sin embargo, ante una consulta realizada ayer por este diario, Vaquerano respondió que “no trabajaba durante los fines de semana”, por lo que no se refirió al tema.
José Rodolfo Ibarra, vocero de la Municipalidad de Escazú, informó que durante el lunes, martes y miércoles pasados se desalojaron cerca de 11 grupos familiares, unas 50 personas.
Según Ibarra, a estos vecinos se les notificó en diciembre que debían abandonar sus casas. Las familias tenían que buscar una opción temporal en otra zona, debido a que la solución de vivienda del IMAS no será inmediata .
Fernando Marín indicó que estas personas ingresan como parte de la atención normal del Instituto, motivo por el que tampoco se les brinda la posibilidad de permanecer en un albergue.
Explicó que la próxima semana se evaluará cada caso para verificar cuáles familias califican para un alquiler por tres meses. Como requisito para recibir el subsidio, los afectados no deben tener registradas propiedades a sus nombres.
El IMAS les financiará un alquiler que oscila entre ¢80.000 y ¢120.000 por mes.