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Plan fiscal B

Actualizado el 20 de abril de 2012 a las 12:00 am

No hay mejor ministro de Hacienda ni mejor política social, que una economía dinámica

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Hay muchos planes fiscales posibles; tal vez tantos como el número de expertos a quienes se les pregunte al respecto. Veremos las sugerencias típicas de algunos de ellos.

A. El primero (plan fiscal B by default ) es el que impone automáticamente natura si un Gobierno no hace un ajuste consciente. En el caso de Costa Rica, de seguir las tendencias de ingresos y gastos del gobierno, dicho "plan" llevaría a una elevación del déficit y del endeudamiento públicos, alza en la tasa de interés (si los bonos se colocan en el mercado doméstico) y muy probablemente a una desmejora en la calificación de riesgo del país por parte de empresas como Fitch, Moody’s y S & P. Además, si la política monetaria fuera acomodaticia, lo cual no es improbable, a mayor inflación y devaluación.

B. Alternativamente, el plan consciente de un experto o político de orientación estatista sería elevar tributos para compensar el déficit y también para poder gastar más. Eso exigiría elevar la carga tributaria, no en un 1,5% del PIB, sino en un 6 o 7% respecto a la actual, lo cual sería revolucionario en nuestro medio. Si, además, la elevación de impuestos tuviera un componente "contra-ricos", la resultante de todo ello sería: contracción económica en el corto plazo, porque todo ajuste fiscal es recesivo inicialmente, la cual elevaría la relación “deuda pública/PIB”, y en el mediano plazo y largo plazos aparejaría un crecimiento menor de la economía, pues dicho esquema reduce los estímulos a la empresariedad.

El desgastador y controversial esquema del pacto Solís-Chinchilla se acerca a esta opción, excepto que solo habría producido ingresos adicionales por el equivalente a un 1.5% del PIB y, por tanto, al final de esta Administración habría dejado el déficit fiscal en el mismo preocupante nivel que hoy.

C. Otra posibilidad es elevar la carga fiscal sólo lo necesario para bajar a cero el déficit fiscal, sin atentar contra la empresariedad, es decir, utilizando un sistema impositivo neutro en que los pobres paguen, por ej., un 10% de su baja renta y los ricos también un 10% de su alta renta ("los ricos pagan como ricos y los pobres como pobres"). El IVA no tendría excepciones para no reducir su capacidad recaudatoria. Esto impactaría adversamente a los grupos más pobres de la sociedad, y el Gobierno tendría que redefinir la estructura del gasto público, para focalizar en ellos una buena parte de este y mitigar su situación. También habría un efecto recesivo en el corto plazo, pero no se afectaría la capacidad productiva del país en el mediano y largo plazos. El crecimiento económico elevado propiciaría una buena recaudación en el futuro.

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D. Otra opción, favorecida por los liberales y neoliberales a ultranza, consiste en reducir el déficit sólo mediante una rebaja, reorientación y "eficientización" del gasto público, sin modificación de la estructura tributaria actual (o, quizá, solo con cambios para hacerla más sencilla y eficaz, pero diseñada de modo que, inicialmente, no implique aumento en la carga tributaria). Como las otras, esta medida es recesiva en el corto plazo, pues el recorte del gasto público a eso lleva. Sin embargo, es muy adecuada en el mediano y largo plazos, pues atrae y retiene inversión extranjera, promueve el crecimiento económico, el empleo bien remunerado y el bienestar social, dado que –en entornos como el nuestro– la pobreza y la desigualdad de ingresos entre los miembros de la sociedad están alta y positivamente correlacionadas con altos niveles de desempleo. Además, en el tanto el esquema apareje una recuperación de costos en programas que (como el FEES) benefician a grupos de altos ingresos, favorecería la función redistributiva del Estado.

Tres problemas tiene esta medida: Primero, sus efectos no se ven inmediatamente. Segundo, la reforma del gasto público en la forma planteada tendría la oposición de grupos sonoros y organizados, lo cual exige mucho liderazgo para contrarrestarla. Y, tercero, su puesta en práctica requiere un equipo de gobierno y una burocracia muy eficaces. El caso de "la platina", la administración de las concesiones, el robo de armas y el manojo de malas prácticas que –como anticipo de los abejones de mayo — recientemente han sido hechas del conocimiento público, sugieren que quizá el tercero constituye un problema insalvable.

La calificación de riesgo del país ciertamente mejoraría y, en el mediano plazo, también la recaudación, pues ella en mucho depende del crecimiento económico.

¡No hay mejor ministro de Hacienda ni mejor política social, que una economía dinámica!

E. También es posible concebir (un infinito número de) mezclas de las posibilidades anteriores. Una de ellas – ahora que la resolución de la Sala Constitucio- nal restringió fuertemente la posibilidad de reforma tributaria– consiste en actuar sobre el gasto público (como indica la opción D) y modificar los procedimientos e instrumentos de la Administración Tributaria con el fin de, utilizando mecanismos no expoliatorios ni policiales, disminuir la evasión.

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Conviene destacar que, para merecer el calificativo de “plan o reforma fiscal", el esquema debe considerar ingresos y gastos del gobierno, no solo ingresos. Si se limita a los ingresos, y si además se hace sin un cuidadoso diseño, el nombre a utilizar para la propuesta es, simplemente, paquete tributario.

Lo expuesto son deliberaciones teóricas. Hoy, en Costa Rica, el plan fiscal B –con acciones concretas, viables, eficaces, calendarizadas y auditables– que ha de considerarse es el que el equipo económico del Gobierno llegue a concebir, a sabiendas deque, si no lo hace, será el de natura el que opere.

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