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Otto Pérez dice que Corte de Derechos Humanos es incompetente en caso de matanza en Guatemala

Actualizado el 21 de junio de 2012 a las 12:00 am

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Otto Pérez dice que Corte de Derechos Humanos es incompetente en caso de matanza en Guatemala

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Guatemala (AFP). El presidente de Guatemala, Otto Pérez, aseguró hoy jueves que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es incompetente para juzgar las masacres cometidas por el ejército de ese país contra la población indígena de Río Negro, entre 1980 y 1982.

El mandatario dijo que su país es signatario de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas instituciones deben cumplir con lo que tienen que hacer. “La Corte es de derechos humanos, pero no una corte penal", afirmó el mandatario durante una gira de trabajo en el sitio arqueológico Tak'alik Ab'aj, ubicado a 200 km al sur de la capital.

Asimismo, dijo que solicitará al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para que le exija a la Corte (con sede en Costa Rica) que “no se extralimite” en la funciones que le corresponden.

"La Corte tiene que velar por el respeto de los derechos humanos y nosotros somos respetuosos de ello. Queremos que ellos respeten con el papel que tienen y su rol no es una corte penal", dijo Pérez Molina.

La víspera, el agente del Estado y secretario de Paz guatemalteco, Antonio Arenales, pidió a la Corte que declare su incompetencia para juzgar la masacre, en el segundo día de una audiencia convocada por el tribunal para escuchar testimonios, así como el alegato final de las partes.

Arenales dijo que el tribunal debe declararse incompetente porque "los hechos ocurrieron entre 1980 y 1982", momento en que Guatemala no había reconocido a esa Corte internacional.

Las víctimas eran miembros de la etnia Maya Achí que habita la región guatemalteca de Río Negro, a la que el ejército consideraba base social de la guerrilla en el contexto del conflicto bélico que vivió Guatemala durante treinta y seis años (1960-1996).

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres demandan que el Estado se comprometa a juzgar y castigar a los autores intelectuales de los crímenes, entre otras reparaciones de carácter moral y pecuniario.

Los siete jueces integrantes de la Corte no tienen un plazo definido para dictar sentencia, pero normalmente tardan unos seis meses tras la última audiencia en que las partes presentan sus conclusiones.

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