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EDITORIAL

Pensiones a la baja

Actualizado el 28 de junio de 2012 a las 12:00 am

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) dejará de pagar el equivalente al 60% del salario y las jubilaciones podrían caeral 40%

Con ese panorama a la vista, el Gobierno insiste en ignorar la necesidad de eximir a los regímenes voluntarios de pagar el 15% de impuesto sobrela renta

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A partir del 2015, las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) caerán del 60% del salario a un monto todavía indeterminado, que podría ser del 40%. La rebaja afectará a 1,2 millones de trabajadores en las próximas décadas y tiene el propósito de impedir el agotamiento del régimen, informó el semanario El Financiero en su edición de esta semana.

La medida fue prevista en el reglamento de la Ley de Protección al Trabajador, aprobada en el 2000, cuando la imposibilidad de sostener el IVM en las condiciones actuales ya era previsible. Para compensar la diferencia, los autores de la ley crearon el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), cuya madurez se alcanzará en el 2040.

Entre el 2015 y esa fecha, habrá una oleada de jubilados con menos fortuna. Según Hermes Alvarado, gerente general de BN Vital, quien se pensione en el 2020 apenas recibirá del ROP un 7% u 8% de su salario. Todo esto partiendo de la superación de los cuestionamientos hechos a la sostenibilidad del IVM en general.

Una vejez empobrecida es un problema social de grandes dimensiones. Por eso los expertos recomiendan la afiliación a un plan de pensión voluntaria. Esos planes, también creados por la Ley de Protección al Trabajador en previsión del difícil futuro, ofrecen a los ahorrantes incentivos para que sean ellos mismos quienes se aseguren una vejez sin necesidades.

Con este panorama a la vista, la administración de la presidenta Laura Chinchilla decidió moverse exactamente en la dirección contraria y exige a los beneficiarios de los regímenes voluntarios pagar el 15% de impuesto sobre la renta a la hora de retirar los ahorros acumulados a lo largo de la vida laboral.

En otras palabras, el Estado sabe que no tendrá lo necesario para pagar las pensiones del IVM como lo viene haciendo hasta ahora y por eso incentiva a los trabajadores a financiarse una pensión, pero, en el último momento, les sustrae el 15% del beneficio construido con su propio esfuerzo.

El problema nació en el 2010, cuando la Dirección General de Tributación Directa hizo una nueva lectura de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aprobada en 1988, a cuyo tenor todos los regímenes de pensiones pagan el tributo.

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La Ley de Protección al Trabajador fue aprobada en el 2000 y, según todos los participantes en el trámite, siempre hubo la intención de eximir a las pensiones voluntarias del impuesto sobre la renta, pero nadie se fijó en la disposición general contenida en la norma votada 12 años antes. Tributación sí se fijó, el 21 de diciembre del 2010, y desde entonces acabó con la exención.

El Gobierno no ha movido un dedo para remediar la situación y más bien parece convencido de su justicia. Por el contrario, el diputado Wálter Céspedes, del Partido Unidad Socialcristiana, con las simpatías de la Superintendencia de Pensiones y las operadoras del ramo, planteó un proyecto de ley de interpretación auténtica del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para aclarar que las jubilaciones del Régimen Voluntario no son gravables.

El proyecto permanece estancado en la corriente legislativa mientras Tributación aplica a los pensionados la interpretación del 2010. Si la corrección no se opera, la situación empeorará a partir del 2015, cuando el IVM comience a reducir el monto de las pensiones a su cargo. Es difícil calificar los hechos. La voracidad fiscal, la insensibilidad y la indiferencia conducen a un Estado incapaz de cumplir, a obstaculizar el camino de quienes intentan, por sus propios medios, paliar las consecuencias del incumplimiento.

En las condiciones actuales, es mucho más rentable hacer un retiro anticipado de los fondos invertidos en el Régimen de Pensiones Voluntarias, con lo cual se derrota el sentido de la Ley de Protección al Trabajador y se incuba un problema social cuyas manifestaciones no tardarán en hacerse sentir.

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