“¿Se le ha proporcionado la dosis exacta de medicamentos para matarlo?”, preguntó el director de la cárcel de Oklahoma durante la ejecución del reo Clayton Lockett, quien fue condenado a muerte desde el 2000 por el homicidio de una joven de 19 años.
El doctor a cargo de suministrar los medicamentos respondió que no, tras revisar la vía conectada a la ingle del preso, donde hallaron la única vena susceptible para inyectar el coctel.
A pesar de que el médico dictaminó que Lockett estaba inconsciente, testigos afirmaron que el condenado padeció mucho dolor.
Lockett tardó 43 minutos en fallecer. Los fármacos colapsaron la vena y los encargados de su ejecución decidieron ponerle fin a su vida con una descarga eléctrica, según relata el diario El País .
A Lockett se le aplicaron las tres inyecciones que conforman el coctel mortal, una de ellas con benzodiacepina, que sustituye a la anestesia pentotal sódica, la cual es escasa en las prisiones de Estados Unidos.
El uso de ese medicamento puso sobre la mesa el debate en Estados Unidos, pues el fármaco se utilizó sin ser probado antes para ese fin y carece de la categoría de anestesia. Además, dejó en evidencia las fallas en el procedimiento para la ejecución.
Omisión de normas. Este ejemplo se une al de otros países que pasan por alto las normas internacionales para llevar a cabo la pena de muerte, práctica que aumentó el año pasado un 15%.
Tal es el caso de Afganistán, Arabia Saudí, Palestina, Irak e Irán, donde varias condenas en 2013 estuvieron basadas en confesiones obtenidas a través de la tortura y malos tratos.
Incluso, fueron transmitidas por televisión antes de que se realizara el juicio y se excluyó el derecho de los acusados a la presunción de inocencia, según el informe Condenas a Muerte y Ejecuciones 2013 de Amnistía Internacional.
Asimismo, se ejecutaron y condenaron a muerte personas en Irán, Kenia, Malasia, Nigeria, Singapur y Pakistán sin que se conocieran las circunstancias del delito ni su situación personal.
“Hemos estado observando una tendencia preocupante de países que condenan a personas a la pena de muerte por delitos que no se podrían considerar los más graves, por ejemplo, crímenes no violentos como tráfico de drogas”, dijo Evelyn Román, coordinadora del Comité contra la Pena de Muerte de Amnistía Internacional.
En el caso de Irán, Maldivas, Nigeria, Pakistán y Yemen se ejecutó a menores de edad, un acto que es condenado por el Derecho Internacional.
El documento también señala que en Botsuana, India y Nigeria no se le devolvieron los cadáveres de los presos a muchas familias.