Hace algunos años, la Cepal publicó un libro denominado “Transgénicos en América Latina: un debate abierto”. A pesar de que ha transcurrido cierto tiempo desde la publicación, la vigencia del título se mantiene. A la vez, el ritmo de adopción de los organismos genéticamente modificados (OGM), especialmente en el área agrícola, ha sido impresionante. Según las últimas estadísticas disponibles, el uso de cultivos OGM se ha incrementado unas 80 veces de 1996 al 2009, hasta alcanzar 134 millones de hectáreas, sembradas por unos 14 millones de agricultores en unos 25 países.
La mayoría de los cultivos OGM se producen en países desarrollados, pero los países en desarrollos (especialmente Brasil, Argentina, India, China y Sudáfrica) han aumentado rápidamente la tasa de adopción. A la vez, los OGM han alcanzado altos niveles de penetración en el mercado: 77% de la soya; 49% del algodón; 26 % del maíz y 21% de la canola cultivados globalmente correspondieron a estos organismos genéticamente modificadas.
Con respecto a la investigación y el uso de OGM en América Latina se reportan siembras comerciales en Argentina, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Honduras, Colombia y Paraguay. Igualmente se exportan OGM (sistema conocido como “winter nursery”) en Chile y Costa Rica, pero cuya comercialización interna no se encuentra autorizada. En términos de experimentación, la región cuenta con un número importante de laboratorios y centros de excelencia que trabajan con agrobiotecnologías, así como con investigación en un amplio espectro de cultivos: banano, café, tomate, arroz, girasol, papaya, hortalizas, caña de azúcar, piña, alfalfa, tabaco, frutas, flores, ayote y algunas especies forestales.
Simultáneamente, una gran cantidad de reportes y estudios han sido elaborados en los últimos 15 años sobre los impactos (positivos y negativos) sobre el ambiente, socioeconómicos, en la salud de las personas (inocuidad de alimentos) y de naturaleza ética, sin que se haya podido zanjar de manera definitiva este debate debido, entre otras razones, a que en muchas ocasiones los argumentos están permeados de prejuicios y posiciones ideológicas.
La piña transgénica. El país cuenta con experiencia en la regulación de los OGM en materia agrícola desde 1991. Actualmente, el marco jurídico consiste fundamentalmente del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (PC), la Ley de Protección Fitosanitaria y su reglamento, el reglamento de auditorías en bioseguridad, la Ley de Biodiversidad, la del Senasa y algunos decretos específicos sobre la importación de materiales vivos y con base en ellos se han aprobado una cantidad importante de proyectos de investigación y liberaciones realizadas para la exportación de los OGM, pero cuya siembra o consumo para el mercado interno no se ha autorizado.
Este marco legal debería ser revisado y mejorado, en aspectos como la evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de OGM y en lo relativo a la normativa –que debería ser transparente e implementable– para informar el consumidor (etiquetado).
Asimismo, a raíz de la posible autorización de la siembra comercial de piña transgénica se ha mencionado su supuesta incompatibilidad con la marca de “país verde”. El punto resulta de extremo interés por cuanto usualmente la legislación que trata de la seguridad de los OGM (bioseguridad) se dirige a evaluar los impactos ambientales o en la salud derivados de la introducción de OGM, pero solo de manera limitada se han incluido los posibles efectos sociales o económicos, hipótesis no exenta de complejidad.
El PC, principal instrumento internacional en esta materia, permite incorporar en la evaluación del riesgo sobre la biodiversidad de estos OGM consideraciones socioeconómicas, particularmente las consecuencias sobre los pueblos indígenas y comunidades locales (artículo 26).
A pesar de esta disposición, existen escasos lineamientos sobre cómo introducir estas consideraciones y en aquellos países en los cuáles estos criterios se mencionan (Argentina, Sudáfrica, Filipinas, etc) no siempre resulta clara la forma de llevarlo a la práctica. Probablemente, el mejor ejemplo lo constituye Argentina, donde como parte del proceso de aprobación de un evento transgénico, además de los efectos sobre el agroecosistema y la salud, también se debe obtener un informe no vinculante del Área de Mercados de la Secretaría de Agricultura respecto de las consecuencias de la autorización en los mercados de exportación, considerando las restricciones que algunos países han impuesto, especialmente al uso como insumo (semilla) de estos organismos.
Los OGM aún constituyen un debate abierto, en el cual todos estamos invitados a aportar con ideas y opiniones informadas, dejando de lado prejuicios y concepciones ideológicas respecto de los avances científicos que se producen en un mundo cada vez más globalizado.