Costa Rica tiene una legislación débil, lo cual no permite frenar las concentraciones de empresas que puedan afectar la competencia.
Así lo reconoce Ana Victoria Velásquez, directora de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), órgano que la semana antepasada emitió una resolución en contra de Mabeca (propietaria de Atlas y Mabe), a la que acusa de “concentración prohibida” en el mercado de refrigeradoras y cocinas pequeñas y medianas.
Velásquez asegura que la ley 7472 (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), vigente desde 1994 –y que dio vida al órgano– , no estipula controles previos a la hora de que una compañía muestra interés en adquirir o fusionarse con otra empresa.
La legislación que la Asamblea Legislativa aprobó en aquel entonces no consideró esta figura, como sí ocurre en países como México, El Salvador y Nicaragua.
Desde entonces, la Coprocom solo actúa una vez sellada la compra o fusión, como en el caso de Mabeca, que adquirió Atlas Eléctrica en el 2008. Actualmente, el órgano también lleva a cabo otras investigaciones contra empresas que adquirieron otras firmas, adelantó la funcionaria.
“Hay un control de concentraciones muy pobre, muy ineficiente, porque nos lleva a hacer un procedimiento administrativo, y este es como un pequeño juicio en una sede administrativa: esto toma mucho tiempo”, aseguró Velásquez.
De ahí que la funcionaria confíe en que el Congreso le dará trámite expedito a los dos proyectos de ley que incluyen la figura de la notificación previa.
Se le preguntó a Velásquez si el hecho de que se investigue a una empresa después de que compra otra genera alguna incertidumbre entre los inversionistas.
“El objetivo del control de las concentraciones es evitar que mercados competitivos se conviertan en mercados con tendencias monopólicas. Coprocom tiene la facultad de investigar las concentraciones que ya se hayan efectuado, y de acuerdo con el artículo 28 de la ley, puede ordenar su desconcentración total o parcial en caso de encontrar que son perjudiciales al mercado”, añadió la funcionaria.
Para Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, el sector “ha insistido en que no se debe sobrerregular una actividad productiva o una empresa simplemente por el tamaño de la misma o por la proporción del mercado”.
“Se le debe regular por las prácticas y los daños reales que las mismas generan”, reconoció.
Para Martha Castillo, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias, el éxito de esta dinámica parte de “la promoción de la libertad de competencia como el derecho del consumidor a la información oportuna y veraz”.