EscucharSan José (Redacción). La fracción de Acción Ciudadana (PAC) exigió esta mañana a los demás jefes de bancada que se procese al diputado Jorge Angulo en un foro público, y no en secreto.
El liberacionista Angulo enfrenta un proceso en la Asamblea, donde tres diputados deben decidir si recomiendan o no el elvantamiento de su inmunidad, para que enfrente una demanda de ¢2.000 millones por extorsión que acogió la Corte Suprema de Justicia en diciembre.
La semana anterior Rodolfo Sotomayor del PUSC, Alicia Fournier del PLN y Manuel Hernández del Movimiento Libertario, acogieron una recomendación del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, y acordaron procesar a Angulo en reuniones privadas, sin permitir acceso a la prensa ni a la ciudadanía.
Los legisladores adujeron que se podía afectar el proceso judicial, tanto para la parte demandante, en ese caso los dueños de la firma COIN KRJ S.A. como para Angulo.
Los constructores alegan que Angulo les pidió dinero a cambio de no interferir con el desembolso de recursos públicos para la construcción de un colegio en San Vito, Coto Brus, al sur del país.
Sin embargo, esta mañana la subjefa del PAC, Jeannette Ruiz, dijo a La Nación que envió una nota a los jefes de las demás bancadas para que se proceso a Angulo con "transparencia".
El diputado liberacionista ya enfrenta un juicio en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, ante acusación de la Fiscalía General, por la supuesta comisión de ocho delitos: cuatro de concusión, dos por tráfico de influencias y dos por extorsión, todos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones como diputado.
Angulo ya renunció a su inmunidad para enfrentar estas acusaciones, y el plenario legislativo acuerpó esa decisión. Sin embargo para que pueda ser procesado por la demanda, la Corte Suprema de Justicia solicitó un nuevo levantamiento de inmunidad, algo a lo que Angulo se opuso, lo que obligó a la conformación del foro investigador que ahora pretende procesarlo en secreto.
La investigación de la Fiscalía se dio luego que una serie de reportajes de este diario revelaran las supuestas presiones del parlamentario para obtener beneficios de su cargo, tanto en contra de la constructora COIN KRJ S.A que es la firma que lo demanda por ¢2.000 millones, como contra la Junta de desarrollo integral de la zona sur (Judesur).
