EscucharAunque tienen diferente ideología, el PAC y el Movimiento Libertario cerraron filas para oponerse a un proyecto de ley que pretende regular a los bancos costarricenses que operan fuera del país.
Por separado, ambas agrupaciones presentaron al menos 20 mociones idénticas, incluso en la redacción, para tratar de cambiar dicha reforma en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), solo dos entidades financieras locales tienen operaciones en el exterior.
Una es el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), propiedad del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con actividades en Panamá y en Miami, Estados Unidos. El otro es el Banco BCT, que trabaja en Panamá.
Este último banco otorgó préstamos, tanto al Movimiento Libertario como al Partido Acción Ciudadana (PAC), para que pudieran financiara la pasada campaña electoral.
El BCT le recibió a cada partido casi ¢1.000 millones en bonos de deuda política, como garantía para darles créditos. Dicha entidad también les facilitó recursos para las elecciones de alcaldes del próximo 5 de diciembre.
El proyecto de ley en cuestión se denomina Reformas a la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, propuesto desde el año 2005 por el PLN.
José Armando Fallas, intendente general de la Sugef, explicó que el plan permitiría revisar los estados financieros de las operaciones en el exterior, potestad ausente en la legislación actual.
De esta forma, si la Sugef detectara una irregularidad en una operación externa, podría ordenarle al banco local hacer reservas de dinero para mitigar un posible contagio. La idea, dijo Fallas, es proteger a los ahorrantes.
Adicionalmente, la reforma permitirá supervisar a todas las empresas que formen parte de un grupo financiero. En la actualidad, solo se pueden fiscalizar a las que capten y presten dinero, pero quedan fuera las operadoras de tarjetas de crédito y las que prestan el servicio de
El proyecto recibió un dictamen afirmativo de mayoría en la comisión legislativa de Hacendarios y pasó al plenario para el primer debate. Allí recibió las mociones idénticas de Danilo Cubero, del Libertario, y de Gustavo Arias, del PAC, entre agosto y setiembre pasados.
“Ellos, en términos generales, buscan que a las entidades de afuera, si se les determina que necesitan un ajuste por un determinado riesgo, no se les pueda hacer”, declaró Fallas.
Una de las mociones idénticas tiene que ver con los deberes de los bancos que presten servicios en el exterior. El texto original les ordena “cumplir con la regulación y supervisión del país donde estén registrados, sin perjuicio de que también les sea aplicable los reglamentos que dicte el Consejo Nacional de Supervisión Financiera para efectos de la supervisión consolidada”.
La moción del PAC y ML pretende eliminar la última frase.
Álvaro Saborío, vicepresidente ejecutivo de Corporación BCT, dijo que ese grupo apoya una ley que les dé a las autoridades las potestades de supervisión consolidada.
“Es mi entender que algunos directores de la Corporación han tenido conversaciones sobre este proyecto con diputados de todos los partidos, independientemente de quién haya financiado sus campañas”, declaró Saborío.
Dijo que las mociones introducen normas para evitar el uso indebido de la información por parte de las autoridades, así como normas mínimas de transparencia en la función pública, que los proponentes del plan no han querido aceptar “por razones no comprensibles”.
El diputado socialcristiano Luis Fishman estimó que las mociones “están pagando el mismo favor: el financiamiento de la campaña”, lo cual está atrasando el proyecto.
