EscucharCon ocasión del informe de labores que le presenté al país el 1 de mayo del año anterior, me permití hacer un llamado para que abordáramos de manera colectiva una profunda reflexión sobre el estado de nuestra institucionalidad democrática.
Lo hice convencida de que Costa Rica es un país admirable y admirado, especialmente por la solidez con que fuimos construyendo un andamiaje institucional, sustentado en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de derecho, así como en la promoción del diálogo y la convivencia pacífica.
Gracias a ese hermoso legado, los costarricenses tenemos una patria de la que nos sentimos justamente orgullosos. Una patria que, aunque pequeña en sus dimensiones, ha sido capaz de alcanzar grandes metas en desarrollo humano, protección del medio ambiente y dinamismo económico. Sin embargo, pese a los avances que sigue observando el país, en los últimos años se observan tendencias preocupantes que ponen en entredicho el desempeño de nuestra política y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
El impulso a lo largo de muchos años de reformas a nuestro marco institucional, de manera ocurrente e inconexa, degeneraron en un Estado esclerótico y atrofiado. Es así cómo, con independencia de las capacidades políticas, intelectuales o morales de los gobernantes, las instituciones públicas vienen mostrando serias limitaciones para cumplir con sus mandatos legales y constitucionales y no logran concretar la voluntad política de quienes son elegidos en las urnas electorales.
A esos problemas de diseño institucional se unen otros factores que los agravan aún más, como el fraccionamiento y calidad de nuestra representación política, o la capacidad de veto minorías, que termina por imponerse a la voluntad de las mayorías democráticamente electas.
Estas circunstancias se conjugan para que, en vez de potenciar la iniciativa y el vigor de nuestro pueblo, a menudo lo frenemos; para que, en vez de avanzar con agilidad, nos paralice la eterna manipulación de los procesos; para que cada vez más se recurra a las vías de hecho en detrimento de nuestro Estado de derecho. Una encuesta nacional recientemente publicada indicaba que el 40% de los encuestados creía que la democracia no sirve para resolver los problemas del país y aprobaban, en altas proporciones, el que se gobernara “dejando de lado la Asamblea Legislativa” o que “se tomaran decisiones por encima de ciertas leyes”. Resulta pues, indudable, que la situación actual de nuestra institucionalidad se hace insostenible.
Ante la preocupación ampliamente compartida por muchos ciudadanos, le solicité a un grupo de destacados profesionales nutridos en diversas corrientes de pensamiento y con un profundo conocimiento sobre nuestro sistema político y nuestra constitución, que elaboraran un conjunto de recomendaciones que permitieran sustentar acciones concretas para avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia.
El informe elaborado por el grupo de expertos contiene un amplio abanico de recomendaciones cuyo objetivo es fortalecer la calidad de nuestra democracia. Corresponde ahora al Gobierno de la República, seleccionar las recomendaciones prioritarias, elaborar las leyes que las contengan y definir el más idóneo mecanismo para su tramitación. Los criterios de selección nos llevarán a dar prioridad a las recomendaciones que permitan mayor agilidad, eficiencia y transparencia en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y de la Administración Pública. Es decir, concentraremos nuestro interés en temas como: reglamento legislativo, reformas a sala constitucional, otros órganos de la administración pública, contratación administrativa, mejora regulatoria, transparencia y participación ciudadana. Confiamos que los representantes de otros órganos del Estado, nos acompañen en los esfuerzos de reforma que desplegaremos.
El país se apresta a una nueva jornada electoral, en el que se aviva el debate público y se renuevan las expectativas por los resultados en las urnas. Es un momento en que no hay triunfadores ni vencidos. En este contexto, la perspectiva más amplia sobre el futuro de nuestra democracia puede imponerse a los cálculos cortoplacistas de quienes hoy ocupamos diversas posiciones. El Gobierno, además, en aras de despejar cualquier suspicacia o cálculo malicioso que entorpezca el debate maduro y ponderado que requerimos, se compromete a que las reformas que se impulsen, entrarán en vigencia a partir de mayo del 2014.
A nadie le debe resultar ajena la discusión sobre el futuro de nuestra democracia. Hago un llamado a que todos asumamos este debate con una actitud seria, reflexiva, y constructiva. Para que lo hagamos en nombre de esa espíritu cívico que ha sido ejemplar en nuestro desarrollo como nación. Para que lo hagamos en nombre de las jóvenes generaciones, que merecen un futuro pletórico de esperanza y certidumbres. Pero, sobre todo, para que lo hagamos sin más dilación.
