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Nuevos horizontes para el ordenamiento territorial

Actualizado el 12 de abril de 2013 a las 12:00 am

Propuesta del MIVAH ofrece nuevas opciones para las inversiones inmobiliarias

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Nuevos horizontes para el ordenamiento territorial

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Durante el año 2012, el Área de Gestión Integrada del Territorio del MIVAH realizó un esfuerzo importante para la definición de una política de ordenamiento territorial a nivel nacional.

Dentro de los contenidos de dicha política se incluye un apartado que se refiere específicamente a los instrumentos de gestión del suelo, los que permitirían impulsar la renovación urbana en las deterioradas ciudades del territorio nacional y en particular de la GAM.

La legislación actual no facilita la implementación de medidas que incentiven el uso de las áreas ya consolidadas en las ciudades, las que a la vez cuentan con toda una capacidad de servicios y redes ya instalada que usualmente es desaprovechada y subutilizada al no contar los gobiernos locales con instrumentos novedosos que estén vinculados a políticas fiscales que puedan ser incorporadas en los respectivos planes reguladores para promover la inversión privada en estos sitios.

La política plantea acciones en el largo, mediano y corto plazo, dentro de los cuales se promueve la actualización del marco legal que rige los temas relacionados con el territorio.

Dicha política integra los tres pilares principales establecidos para la definición de ciudades sostenibles: Residencia, Producción y Servicios, con el tema de Género, Derechos y Gestión del Riesgo como ejes transversales. Asimismo, se definen como ejes estructurantes: la calidad de vida, la protección y manejo ambiental y la competitividad territorial.

La importancia que reviste para los gobiernos locales la inversión privada y su localización en el territorio, es un tema que debe ser abordado con sumo interés y particular atención.

Uno de los mecanismos establecidos en la normativa actual, precisamente para ordenar la ubicación de estas inversiones es el Reglamento de Zonificación y Uso del Suelo, contenido dentro de los planes reguladores locales. Sin embargo, su aplicación resulta relativamente reciente, existiendo ya situaciones “jurídicas consolidadas” que impiden un cambio inmediato en las tendencias y en el funcionamiento mismo de la ciudad.

Los modelos dispersos de localización residencial dificultan el funcionamiento del sistema de transporte colectivo dirigido a un punto central, lo que reduce la capacidad de recepción del centro y refuerza las tendencias a la dispersión.

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La vitalidad económica de los centros de ciudad está ligada a factores como el funcionamiento de la red vial y los sistemas de transporte público, la posibilidad de expansión de la oferta de servicios privados, la densificación, la disminución de las tensiones sociales, entre otros. Esto es precisamente lo que se busca evitar con el modelo de ciudad compacta y usos mixtos propuesto por el PRUGAM.

Tampoco cuentan los gobiernos locales con un marco legal que les permita proponer incentivos para que las inversiones se concentren en los sitios de interés; es decir, en aquellos sectores que requieran una renovación urbana urgente.

Desde esta perspectiva, la propuesta que hace el MIVAH con este conjunto de instrumentos de gestión del suelo, como parte de la política de ordenamiento territorial, ofrece nuevos horizontes posibles para el manejo y gestión de las inversiones inmobiliarias y de todo tipo de servicios privados e incluso de oferta cultural y/o recreativa especialmente en los cantones que conforman la GAM, donde se presenta un mayor y más acelerado deterioro respecto al ámbito rural.

Uno de los pocos caminos posibles para implementar estas políticas en el corto plazo, es a través de los planes reguladores locales o planes de ordenamiento territorial.

La importancia del planteamiento de esta política radica entonces, desde la perspectiva del gobierno local, en la posibilidad de liderar los procesos constructivos y canalizar las inversiones por medio de instrumentos de gestión del suelo que estén vinculados con una política de incentivos respaldada por la normativa local y nacional, de manera tal que le permita al municipio establecer mecanismos verdaderamente fuertes para impulsar procesos de renovación urbana, tendientes a buscar estándares óptimos de calidad de vida.

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