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EDITORIAL

Nuevas medidas fiscales

Actualizado el 07 de mayo de 2012 a las 12:00 am

Entre las medidas fiscales recién anunciadas, hay unas de ejecución inmediata, otras deberán ser negociadas, y hay también omisiones importantes

El conjunto de las medidas adoptadas y por adoptar, estimado por el propio Gobierno en el equivalente a 0,89% del PIB, será insuficiente para conjugar la brecha fiscal

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El exministro de Hacienda Fernando Herrero nunca se inclinó por desarrollar un plan de medidas alternativas para enfrentar la situación fiscal en caso de que su proyecto de solidaridad tributaria no obtuviere en la Sala Constitucional una resolución favorable. Eso obligó al Gobierno a precipitar una serie de medidas fiscales para enfrentar el faltante a corto plazo. Hubiera sido preferible, por el bien del país, una proposición más completa y madurada, pero comprendemos que el Gobierno debía actuar, obligado por las circunstancias.

El conjunto de las medidas adoptadas y por adoptar, estimado por el propio Gobierno en el equivalente a 0,89% del PIB, será insuficiente para conjugar la brecha fiscal. Tampoco financia compromisos normativos importantes, como elevar el presupuesto de educación al 8% del PIB, y compromisos adquiridos con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y aunque a corto plazo la situación es manejable, según reconoció el nuevo jerarca de Hacienda, Édgar Ayales, a mediano y largo plazo no será sostenible. Eso significa que la tarea principal está aún por hacer.

Entre las medidas fiscales recientes, que algunos denominan plan “B”, hay unas positivas y de ejecución inmediata, otras son buenas intenciones, porque aún deberán ser negociadas con la oposición legislativa, y hay también omisiones importantes en materia de gasto que podrían afectar la disposición de las fracciones de oposición. El panorama fiscal global, como se puede observar, tiene un alto grado de incertidumbre.

Entre las medidas de acción inmediata hay algunas efectivas y otras de carácter cosmético. Excluir de la lista de bienes exentos del impuesto sobre las ventas una serie de productos comestibles, como ciertos cortes de carne, camarones y langosta, entre otros, es, quizás, la más positiva. No solo permitirá incrementar la recaudación en una suma apreciable, sino que, además, contribuye a mejorar la regresividad natural de los impuestos indirectos. La mayoría de los bienes que pasarán a ser gravados con el 13% son consumidos por grupos de ingreso medio y alto, lo cual contribuye a mejorar la equidad. En este tipo de impuestos, al igual que lo recomendamos para el impuesto al valor agregado (IVA), las excepciones deben ser muy pocas (ampliación de la base) para mejorar la recaudación y ayudar a controlar el impuesto sobre la renta.

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Las medidas de carácter cosmético, como congelar dietas, sueldos y salarios de los funcionarios mejor remunerados, al igual que afectar ciertas pensiones elevadas, no producirán mayores ingresos ni contribuirán a solucionar el déficit del Gobierno central. Pero, al menos, son ejemplarizantes. Más efectivas podrían resultar otras medidas, como congelar plazas en todo el sector publico, incluyendo el sector descentralizado, y limitar los incrementos salariales, que han sido muy holgados en los últimos seis años, a solamente la inflación, pero incluyendo los pluses.

El déficit del sector público consolidado rondará el 7% del PIB en el 2013 según las estimaciones del Banco Central. Y aunque se contempla en el plan un ajuste de tarifas por la venta de ciertos servicios públicos, creemos que debe ir más allá. Con excepción de la CCSS, no hemos visto en el resto de las instituciones ningún esfuerzo por contener el gasto o racionalizar la inversión y el endeudamiento.

El nuevo plan incluye la aprobación de ciertas leyes para mejorar el control y fiscalización de los impuestos vigentes, como la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (aumenta sanciones por declarar mal y sube el límite del monto evadido para aplicarlas), ley de cumplimiento de transparencia fiscal, derogatoria de la exención de remesas al exterior conforme al Art. 69 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y reducción del financiamiento de los partidos políticos de un 0,11% del PIB a 0,08%, al igual que la autorización para emitir bonos en el exterior por $4.000 millones en un período de cuatro años. Todos requieren autorización legislativa. Y ahí es, precisamente, donde entran en juego las omisiones, particularmente en cuanto al gasto y racionalización de las remuneraciones de los servidores públicos.

No se puede descartar que la oposición exija reducir el déficit a cambio de nuevas leyes fiscales, y que la reforma del Estado, ausente totalmente en el plan gubernamental, desempeñe un papel determinante. Al anunciar las nuevas medidas, la Presidenta de la República aseveró que el déficit del Gobierno central rondaría el 5% del PIB en el período 2012-13 (en 2011 se ubicó en 4,1% del PIB), lo que denota poca vocación a la parsimonia. Tampoco hubo una propuesta de reformar los impuestos de renta y ventas para sustituir el fallido proyecto de solidaridad tributaria.

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Es más, en su rendición de cuentas el pasado primero de mayo, se limitó a delegar la responsabilidad en los diputados, pero es al Poder Ejecutivo a quien corresponde tomar la iniciativa, por razones técnicas y substanciales de la política fiscal. Instamos respetuosamente a la presidenta a reflexionar sobre todos estos aspectos y retomar el tema fiscal en todas sus dimensiones.

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