Nueva ley de tránsito multa con ¢280.000 a borrachos y picones

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      Los conductores en estado de ebriedad serán castigados con la multa máxima. | ARCHIVO
Los conductores en estado de ebriedad serán castigados con la multa máxima. | ARCHIVO ampliar

San José (Redacción). Los diputados aprobaron a las 6:03 p.m. la nueva ley de tránsito, cuya multa máxima será de ¢280.000 para choferes borrachos y picones.

Esta multa entra en la categoría “A” de sanciones, una de las cinco formas en que se castigará a quien infrinja la ley.

La sanción también recaerá a conductores con licencia vencida o suspendida, y a los que hacen adelantamientos indebidos, invaden carril y giran en U.

El proyecto contó con el voto de 43 diputados y se discutió bajo el expediente 18032.

“Vuelve la autoridad y el orden a las carreteras, nadie crea que esta ley es alcahueta, es una ley muy fuerte y es la única manera en que las leyes funcionan, pero no es abusiva en multas como la ley anterior. Se trae a valor presente las multas de 1993”, dijo el jefe del PLN, Fabio Molina.

En cuanto a la categoría “B” castiga con ¢189.000 a quien no porte sillas de seguridad para menores de 12 años o para quien mida menos de 1,45 metros. También se aplicaría a quienes no respeten las señales de alto, el semáforo o alteren la placa.

La categoría “C” castiga con ¢94.000 el manejo sin licencia o con permiso vencido, y a quienes viajen a más de 25 kilómetros por hora sobre el límite establecido.

Mientras que la “D” está reservada para boletas de ¢47.000 para quien irrespete señales de tránsito y prioridades de paso. También se aplica para conductores de motocicletas o bicimotos sin vestimenta apropiada autorreflectiva, o a quien viaje a más de 20 km sobre el límite máximo.

Finalmente la “E” aplica ¢20.000 de multa al uso de altoparlantes a menos de 100 metros de clínicas, hospitales, escuelas e iglesias.

La propuesta ya había sido votada en primer debate el 21 de junio , y hoy finalizó su trámite legislativo.

El plan pasará ahora a manos del Poder Ejecutivo para que finalice su trámite de sanción (que es el sello que debe poner la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para que adquiera rango de ley) y la publicación en el diario oficial La Gaceta.

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