Diputados del PLN, ML y PUSC incluyeron artículo sobre espionaje en proyecto de delitos informáticos

Nueva ley impone cárcel a quien obtenga ‘información secreta política’

Colegio de Periodistas convocará directores de medios para analizar la norma

Gobierno anuente a impulsar aclaración de ley para evitar mordaza a la prensa

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Un artículo de ley, incorporado el lunes al Código Penal, establece una pena de entre cuatro y ocho años de prisión para quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas”.

Se trata del artículo 288, titulado “Espionaje”, que se incorporó al Código Penal como parte de una adición sobre delitos informáticos.

El texto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y el pasado lunes obtuvo la firma de la presidenta Laura Chinchilla. Comenzará a regir luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta .

La redacción de esta ley provocó críticas entre juristas y comunicadores, quienes interpretan que constituye una restricción al acceso y difusión de información de interés público.

Para el exjuez y especialista en derecho penal Ewald Acuña, la frase “informaciones secretas políticas” podría imponer una valla al trabajo de la prensa y un fuero especial de protección para quienes se dedican a la actividad política.

“¿Cómo interpretar jurídicamente esa frase? Por político se puede entender todo lo que tenga que ver con partidos políticos, sobre personas que trabajan en los ámbitos políticos y la información que trasciende entre ellos; si uno ve el caso del ‘memorándum’ durante la discusión del TLC, esa información no se hubiera podido publicar porque hay una ley que la declara secreta de manera solapada”, explicó Acuña.

Para el abogado especialista en acceso a información pública, Carlos Tiffer, el texto promulgado es impreciso y contiene penas desproporcionadas.

“La frase me parece de una formulación imprecisa y restrictiva; la única restricción prevista en la Constitución es para aquella información que sea declarada ‘secreto de Estado’; además, se impone una pena desproporcionada, sin justificarla”, declaró el jurista.

Alarma. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) expresó preocupación y convocará la próxima semana a los directores de medios de comunicación para analizar el asunto.

“Nos parece que se trata de una redacción muy sospechosa y queremos analizar su alcance legal. Además, impone una pena mínima de cuatro años, la cual no es excarcelable, es un tema grave y preocupante”, expresó el presidente del Colper, José Rodolfo Ibarra.

El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, alegó que no se trata de una mordaza para la prensa y señaló que el Gobierno está de acuerdo en impulsar una aclaración de ese texto de ley en la Asamblea Legislativa.

“El Gobierno apoyaría una aclaración para dejar explícito que únicamente están restringidas las informaciones declaradas secreto de Estado y que el resto de la información que se produce en el ámbito político y en oficinas públicas es de carácter público”, afirmó Benavides.

Se cambió el texto original. El proyecto original de esta ley no contenía el controvertido artículo, y solo establecía sanciones para el “espionaje informático”, relacionado con los secretos industriales.

El cambio lo introdujeron, en agosto del 2010, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Agnes Gómez, Óscar Alfaro y Edgardo Araya; los libertarios Danilo Cubero y Carlos Góngora, y el socialcristiano Luis Fishman.

A través de una moción, los legisladores introdujeron un texto que incluye la frase “información secreta política” y se estableció una diferencia entre el “espionaje” y el “espionaje informático”.

Lo libertarios Cubero y Góngora dijeron ayer que solo acompañaron con su firma la moción, pero alegaron no ser los autores.

Se intentó obtener la versión de la liberacionista Agnes Gómez, cuya firma encabeza la moción que introdujo el nuevo texto, pero luego de que se le señaló el tema, la diputada no respondió los mensajes que se le enviaron.

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