Comercializar cigarrillos sueltos, cajetillas con menos de 20 cigarros, o vender tabaco a menores de edad, se multará con ¢180.000.
Así lo dispone el artículo 35 de la nueva Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, aprobada este lunes en primer debate.
Esta sanción equivale al 50% del salario de un auxiliar administrativo 1 del Poder Judicial, que hoy es de ¢360.600.
La norma establece tres niveles de multa, según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, quien fume en lugares prohibidos, como una parada de autobús, bares, restaurantes o centros de trabajo, tendrá que pagar ¢36.060.
Las sanciones más elevadas son para los productores, comercializadores y responsables de publicidad, a quienes se les multará con el equivalente a diez salarios base, ¢3.600.600.
Ese sería el caso de quienes evadan los trámites aduaneros (contrabando) o no coloquen leyendas en las cajetillas sobre los efectos nocivos de la nicotina.
El responsable de cobrar las multas es el Ministerio de Salud y la propia ley lo autoriza para contratar personal que se haga cargo de este trabajo.
En el caso de multas a personas jurídicas, la municipalidad local o el Ministerio de Salud tienen la potestad de no renovar permisos sanitarios o de funcionamiento, hasta que el responsable pague sus deudas.
Lo que aún no está claro es cómo se cobrarán las multas a las personas físicas.
Rita Chaves, diputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y miembro de la Comisión de Asuntos Sociales que dictaminó el proyecto, dijo que el procedimiento de cobro se definirá en el reglamento de la ley.
La redacción del reglamento le corresponde al Poder Ejecutivo y debe estar listo tres meses después de promulgada la norma.
Por lo pronto, los diputados prevén que la ley se someterá a segundo debate mañana jueves.
Chaves reconoció que no cuenta con las diez firmas de diputados que se requieren para llevar el proyecto a consulta de constitucionalidad en Sala IV.
La ley deroga así la potestad que tenían esos sitios para fijar espacios especiales para fumadores y para no fumadores.
Además, dispone que cada cigarrillo tenga un impuesto de ¢20 para desmotivar su consumo.
Esto generó molestias en la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) que ya anunció acciones legales.
Manuel Burgos, presidente de dicha asociación, asegura que el impuesto al tabaco fomentará el contrabando. Además, sostiene que la ley roza en la inconstitucionalidad, pues pretende regular espacios privados como un bar o un restaurante.
“Se está tratando un producto que es lícito (el cigarro) como si fuera ilícito. Sí es lícito importarlo y producirlo pero no venderlo, publicitarlo y consumirlo. Se está violentando la propiedad privada y los derechos de la población”, dijo.
El empresario anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
Gerardo Lizano, gerente de Asuntos Corporativos de British American Tobacco, dijo que la compañía esperará a que la norma sea promulgada para definir si adoptan acciones legales en su contra.
Mientras, Guillermo Oliva, director de Asuntos Corporativos de Tabacalera Costarricense, coincide en que el impuesto a los cigarrillos aumentará el contrabando. Sin embargo, aseguró que la firma acatará la norma vigente.