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Nombramientos en la Sala IV

Actualizado el 09 de abril de 2013 a las 12:00 am

Quienes más se ajusten a la ideología de la Constitución deberán recibir el voto afirmativo

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Nombrar magistrados constitucionales no es pasar facturas partidarias; el nombramiento debe realizarse buscando la sintonía con la ideología de la Constitución, de acuerdo con sus valores y con adecuación a la constitución real del país.

Estos nombramientos deben formalizarse al calor de una discusión sobre la filosofía judicial de los candidatos. Las consideraciones sobre filosofía del derecho y filosofía política no pueden estar ausentes, pues la Sala IV funciona en la intersección entre la política y el derecho.

Nuestra constitución guarda equilibrios delicados al regular la relación entre la actividad del Estado y las libertades individuales, entre el necesario respeto a las libertades económicas y la promoción del bien común. Igualmente protege el derecho a la vida desde la abolición de la pena de muerte y el derecho a la salud.

Además, la libertad de expresión es armonizada con el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Las relaciones entre estos conceptos en la interpretación de los casos concretos debe llevar a una seria meditación sobre la filosofía constitucional de los postulantes.

Ni literalismo ni creacionismo. La Constitución no puede reducirse al texto, sino que debe interpretarse en el contexto, tanto del momento de su creación, como de su evolución. Lo anterior no significa que la labor del juez constitucional vaya en contra de la intención original de los constituyentes ni que ignore la complicada relación que se establece entre la constitución real de la sociedad y el texto originario.

Ni ideologismo, ni positivismo ingenuo. Los doctrinarios creen tener todas las respuestas en un corpus articulado; mientras que los positivistas ingenuos solo ven en la ley escrita la única vía para la aplicación del derecho de la constitución con olvido de los principios generales del derecho y del escrutamiento cuidadoso de la evolución sociopolítica.

Ni apoliticidad ni partidarismo. La política democrática es la necesaria actividad para organizar la vida en común, bien que muchas veces se torna en el arte del beneficio propio, pero lo cierto es que no conocemos otra manera de organizarnos, salvo la dictadura.

Las voces que claman por tecnicismo en la organización de la convivencia esconden autoritarismo tras disfraces de cientificismo. Discutir, deliberar, dejar que los intereses se expresen y confronten libremente es la esencia de la democracia.

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La jurisdicción constitucional se encuentra en el centro mismo de ese proceso de imprimir direcciones y resolver grandes conflictos, pretender que esa tarea es técnica y sin relación con las luchas de poderes diversos, es ilusorio e ingenuo. Sin embargo, emprender esta labor desde el sectarismo es cometer el mismo error.

El juez constitucional hace política porque decide de las cuestiones que se relacionan con el gobierno general del Estado, tomando distancia con respecto a los intereses en pugna, apoyado en la ideología de la constitución.

Ni tecnicismo ni discurso extrajurídico. En estrecha relación con lo que antecede, el juez constitucional no puede apoyarse en el discurso jurídico exclusivamente, pues en esta zona límite es insuficiente para resolver cuestiones inexistentes en el momento de la creación del texto constitucional. Sin embargo, incorporar las variaciones históricas sin tener en cuenta la lógica jurídica sistémica puede llevar a desechar capital racional y humanístico. El juez constitucional debe ser expresión de su tiempo, pero es guardián de una tradición.

Ni historicismo ni metafísica. Pretender someter la normativa constitucional a los episodios históricos particulares o a principios abstractos es tomar la vía de los particularismos o ignorar las condiciones concretas. El juez constitucional debe interpretar las grandes corrientes históricas, acudiendo a principios que constituyen los navegadores imprescindibles en el azar de los acontecimientos.

Ni sociologismo ni determinismo originario. La evolución social debe suministrar guías para la interpretación como para la adecuación de la Constitución a su tiempo. Sin embargo, el presente no debe ser el motivo para desprenderse de la trayectoria. A pesar de ello, el momento constitutivo original no debe ser absoluto. La voluntad del constituyente es el reflejo de una compleja relación con la sociedad en que le correspondió vivir.

La constitución escrita refleja esa relación, la manera en que se articuló esta es una fuente de inspiración para resolver las relaciones entre norma y tiempo histórico en el futuro.

Ni aislacionismo ni populismo. La jurisdicción constitucional no puede encerrarse en los textos, pero tampoco puede buscar el baño de masas de la democracia callejera. La distancia frente a los acontecimientos político-sociales inmediatos es aconsejable, pero su cercanía con las preocupaciones ciudadanas también lo es.

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Ni punitivismo ni abolicionismo. El área penal consume ya más del cincuenta por ciento del presupuesto de la Corte. Ante la obsesión con la seguridad, la Sala constitucional debe continuar afirmando las garantías al debido proceso. Garantismo no significa abolicionismo, los crímenes de sangre y la violencia siempre ameritarán sanción.

Ni moralismo ni relativismo.

La distinción entre derecho y moral debe ser mantenida en una época en que el manoseo de la ética ha llevado a la moralina. La objetividad del derecho no puede ser sustituida por la subjetividad moralizante.

Hay jerarquías de valores, pero deben ser determinadas en libre deliberación pública a la que la Sala ha de prestar atención.

Ni lectura religiosa de los valores ni irrespeto a las creencias.

Los valores constitucionales no pueden ser leídos en perspectiva religiosa so riesgo de caer en la teocracia.

La libertad de culto, el respeto a la conciencia moral del otro son valores democráticos, pero la construcción de la convivencia se estructura desde la voluntad ciudadana y no desde los textos religiosos.

Ni estatismo ni anarquía. Ni la mano invisible del mercado ni la mano visible del Estado tienen carta de ciudadanía absoluta. El Estado costarricense es la suma de múltiples procesos históricos; en él conviven el liberalismo político con el intervencionismo social cristiano y social demócrata, así como las luchas sociales del comunismo.

Estas convergencias configuran un Estado subsidiario que interviene legítimamente cuando la sociedad civil agota sus capacidades.

Los interesados en ser nombrados magistrados constitucionales han de ser confrontados con estos grandes problemas y sus respuestas serán las que lleven a tomar una decisión. Quienes más se ajusten a la ideología de la Constitución deberán recibir el voto afirmativo. Este es el centro de la cuestión, no el restablecer equilibrios entre poderes o la discusión sobre el camino procesal para reelegir o elegir a un magistrado.

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