Niña Olga y la gotera en la piedra

Un día de tantos, cuando fue en procura de ayudar a un familiar para que cursara una carrera profesional, halló a un abogado que terminó de carbonearla.

De por sí, cada que vez que veía su boleta de giro de pensión se quejaba para ella y los más cercanos de tan “tremenda injusticia”, masticaba su amargo, y finalmente tragaba solo porque “la ley es la ley”.

“Esto es totalmente infundado e injusto”, le dijo el profesional en Derecho, lo que le reiteró un contador que le preparó una constancia de ingresos. ¡Y para qué lo hicieron! Era la chispa que requería Olga Virginia Gené Herrera, hoy de 83 años de edad, para arrancar.

Maestra pensionada desde 1974, luego de pasar por escuelas de Cañas y Tilarán, en este último cantón guanacasteco, sobre todo en Naranjos Agrios o hacienda La Argentina, ella comenzó una lucha sin cuartel para terminar con lo que considera un “atropello”.

El objetivo de guerra estaba definido: la eliminación del artículo 70 de la ley 7531, del 10 de julio de 1995, la cual estableció un sistema de contribución que incluye a funcionarios activos y pensionados.

La niña Olga, como la llamaron desde siempre sus alumnos y padres de familia en La Argentina de Tilarán, echó una vez más un vistazo a su boleta de pensión, en que aparecía un rebajo de ¢49.847 sobre un monto bruto de ¢481.625.

Ya había comentado y comentado el asunto con sus colegas, algunos enfermos y con más responsabilidades que ella; había planteado su disconformidad verbalmente a líderes del gremio de educadores y a distintos profesionales, pero no se pasaba de los lamentos.

Todos le daban la razón, todos censuraban la “injusticia”, esa “canallada”, “falta de consideración” y hasta “atraco”, pero nada más.

Con la Sala IV. Y se sentó a escribirle a los magistrados de la Sala IV, convencida de que se traería abajo el artículo 70 de la citada Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional pues “un pensionado no tiene por qué cotizar”.

“¡Me lo apeo porque me lo apeo!”, se decía la niña Olga mientras redactaba el recurso de amparo en su casa del barrio La Granja, en San Pedro de Montes de Oca.

La verdad es que parecía fácil, lógico y justo. “¡Eso es justo, es absolutamente justo, y eso debe bastar para los magistrados!”, se repetía niña Olga en autoarenga.

Ese artículo establece que quienes reciben hasta dos veces la base imponible, de ¢219.750, aportan un 10% para su régimen de pensión; por encima de ese monto y hasta 4 veces la base cotizable, un 12%. Y así se va hasta el 16%.

Niña Olga presentó el recurso, del cual La Nación tiene copia, el 22 de mayo del 2008. Ahí alegó que “ese artículo (70) es nada más y nada menos que una imposición paralela al impuesto sobre la renta”.

Y propuso, tajante: “ 1. Que sea derogado el artículo 70 de la ley 7531”, y “2. Que se ordene al Ministerio de Hacienda que me sean devueltos, a mí y a todos los compañeros educadores que se han visto afectados por esta ley, los dineros que al amparo de esta discriminatoria ley nos han retenido”.

Balde de agua fría. “No se trata de una norma relativa al impuesto sobre la renta, sino una normativa especial para el régimen de jubilación de los maestros”, dijo la Sala IV el 17 de junio del 2008. Y falló: “Se rechaza por el fondo el recurso”.

El golpe fue duro, muy duro, y la niña Olga tardó unas semanas en recuperarse. Pero volvió al ataque. Entonces enderezó las baterías hacia la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

En carta fechada el 25 de agosto del 2008, alega que la Sala IV le dijo en su respuesta que la frase “cotizarán a favor del Estado”, incluida en la ley 7531, fue declarada inconstitucional desde 1999, por lo que el cobro que les hacen a los pensionados no procede.

En una extensa respuesta fechada el 21 de octubre del 2008, en la que hace énfasis en la exclusividad del régimen que mantienen los educadores, el presidente de la Junta de Pensiones, Henry González Vega, alega que esa frase se escribió así por error, pero claramente hace alusión no al Estado, sino al fondo de jubilaciones.

Y afirma que la contribución de los pensionados es considerada por ellos “injusta, desproporcionada y salvaje”, pero insiste en que es lo que rige y hay que respetarlo.

Anuncia, finalmente, que están dispuestos a “al menos intentar una modificación de esos numerales; tarea la cual estamos iniciando ante la Asamblea Legislativa”.

Entonces, niña Olga decidió buscar apoyo político, y en enero del 2009 pidió en una carta, en conjunto con 16 pensionados, una audiencia a Ottón Solís, líder del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Solís los recibió. “La recuerdo perfectamente. Sus argumentos me convencieron de inmediato”, dijo Ottón Solís a La Nación.

El entonces diputado del PAC José Rosales preparó un proyecto de reforma al artículo 70, que la niña Olga agradeció, aunque ella insistió en la derogatoria. De todas formas, la iniciativa no prosperó.

En medio de esas intensas gestiones, niña Olga se cayó en su casa, sufrió una fractura de cadera y estuvo mal durante más de un año. Pero el teléfono fue su aliado y no paró de hacer llamadas.

Ahora está en la corriente legislativa un proyecto, también de reforma al artículo 70 de la ley 7531, remitido por el Poder Ejecutivo. Parece que esta vez va en serio.

El gobierno de Laura Chinchilla plantea elevar el “tramo de pensión exenta” de contribución a 2,8 veces la base cotizable, lo que libera a niña Olga de la carga. Sin embargo, ella insiste en la derogatoria.

Ya probó, eso sí, que una gotera en una piedra hace hueco.