La visión del ministro de Descentralización choca con los criterios de la jerarca de Planificación sobre la capacidad de los municipios para adquirir nuevas responsabilidades administrativas.
Esa diferencia y la insistencia de la ministra de Planificación de que se hagan más estudios sobre la capacidad de las municipalidades, frenan la presentación de un proyecto de ley para que los ayuntamientos reciban los ¢1.400 millones que les corresponden por la ejecución de la nueva ley de transferencia de competencias.
Esa
Sin embargo, mientras el Mideplan no identifique y apruebe las actividades que en el futuro desarrollarán los municipios, los proyectos estarán varados y no se enviarán a la Asamblea Legislativa.
Eso se debe a que Mideplan es la autoridad responsable del Poder Ejecutivo, ante las municipalidades, de la coordinación y la concertación del proceso de transferencia de recursos y competencias del Poder Ejecutivo y de sus órganos a las municipalidades y concejos municipales de distrito.
Sin embargo, la ministra de Planificación, Laura Alfaro, considera que no hay estudios financieros ni técnicos suficientes que reflejen la capacidad de las municipalidades para garantizar la correcta ejecución de los recursos.
“Sin estudios, yo no puedo ejecutar esa ley”, dijo Alfaro a
Sin embargo, Juan Marín, ministro de Descentralización, afirmó que, si hay algo que se ha hecho en Costa Rica, son diagnósticos; y que, en tanto, los sectores municipales pidan que se envíe un proyecto de ley para que comience el proceso de descentralización y transferencia de competencias.
Marín agregó que en el Congreso y en los grupos municipales, el espíritu que predomina es que empiecen a darse las nuevas potestades a los municipios.
A eso se suma que, el lunes, más de 200 representantes del Régimen Municipal, que participaron del foro sobre Autonomía Financiera Municipal en el Hotel Radisson, criticaron la posición de Alfaro sobre la ley de transferencias.
Los representantes municipales advierten que hace nueve años se aprobó la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, mediante el cual se obliga al Estado a girar el 10% del presupuesto de la República a los ayuntamientos.
Esa disposición constitucional no se había puesto en ejecución pues necesitaba una ley marco para que se empezaran a enviar los siete proyectos de ley mediante los cuales deben señalarse las actuales competencias del Ejecutivo que pasarán a los municipios.
La ley quedó aprobada en abril, y ya está reglamentada, pero ahora el Mideplan considera que no se han hecho los estudios necesarios como para que los proyectos vayan al Congreso. Por ello, Marín pidió a Alfaro que se reúna con los grupos municipales a fin de que se encuentre una forma de agilizar el traslado de competencias y recursos.