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EDITORIAL

Mejora en la Caja

Actualizado el 08 de junio de 2012 a las 12:00 am

El seguro social espera terminar el año con una “provisión básica” de ¢35.000 millones, noun déficit

El gerente financiero, Gustavo Picado, ofrece una asombrosa explicación para la súbita mejoría: “Se ha hecho una administración financiera responsable”

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anuncia importantes mejoras en su situación financiera. No se atreve a calificar de superávit la suma de ¢35.000 millones que espera tener en sus arcas al finalizar el año. Es una mera “provisión básica”, pero dice estar en camino a resolver el problema económico. Tampoco se atreve a declararlo superado y admite estar en una situación “delicada”, pero confía evitar el catastrófico escenario previsto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe del año pasado. En ausencia de correcciones, dijo la OPS, la Caja acumularía un faltante de ¢313.909 millones en el 2015.

El gerente financiero, Gustavo Picado, ofrece una asombrosa explicación para la súbita mejoría: “Se ha hecho una administración financiera responsable”. Nada le resta al esfuerzo de la actual administración señalar que la administración financiera responsable no debería ser una innovación. Por el contrario, es la práctica esperada por los cotizantes, sean trabajadores o empresarios.

Las declaraciones del gerente y el cambio en las finanzas de la institución condenan a administraciones anteriores. El país tiene derecho a saber a cuáles, cuando menos para establecer las responsabilidades políticas del caso. La presidenta de la República declaró, en un mal momento, su desinterés por encontrar responsables. Luego rectificó, pero poco se ha hecho en esa materia.

Hay funcionarios, muy distantes de las máximas jerarquías, a quienes se les ha abierto investigaciones por diversas irregularidades, como el caso de las compras urgentes tramitadas en condiciones cuestionables. Aplaudimos esas iniciativas, pero son insuficientes. Es necesario saber dónde yace la responsabilidad por el mal manejo financiero y las políticas ruinosas cuyo impacto sobre la institución se hará sentir por muchos años.

Ahora, la Caja congela las plazas vacantes y promete no hacer nuevas contrataciones en el 2012, pero hace apenas dos años cerró el quinquenio más dispendioso de que haya memoria en materia de salarios y aumentos en la planilla. Ahora, hay un dramático ahorro en el rubro de incapacidades gracias a un dictamen de la Procuraduría General de la República que establece la ilegalidad de los privilegios otorgados a los funcionarios de la institución, pero el dictamen, ratificado por la Procuraduría el año pasado, data de enero del 2000.

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Ahora, la junta directiva de la Caja plantea la reducción del tope de la cesantía a 12 años a partir del 2015, pero el límite se elevó a 20 años en el 2008, durante la administración del expresidente ejecutivo Eduardo Doryan. Ahora, la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, sufre la injusta persecución del sindicato médico por gestionar ante la Sala IV la inconstitucionalidad de la ley que concede al gremio incosteables ventajas laborales, pero los privilegios se han venido pagando durante años, y la Sala IV siempre estuvo ahí donde la Dra. Balmaceda tuvo el valor de encontrarla.

Ahora, la auditoría de la institución recomienda centralizar las compras y someterlas a proceso transparentes, con uso de la tecnología moderna, pero todavía los hospitales adquieren medicamentos por aparte, con grandes diferencias de precios, y el mecanismo de compras urgentes se presta para el pago de sumas extraordinarias, hasta diez veces superiores a las pagadas cuando las compras se hacen por medios habituales.

Ahora, hace poco más de un mes, la Caja inició la construcción del servicio de radioterapia en el Hospital México, valorado en $15 millones, pero en los últimos nueve años, pagó $14,3 millones a una empresa privada por la provisión de los mismos servicios.

La crisis de la Caja es obra, por acción u omisión, de quienes la tuvieron a su cargo, no solo gerentes y presidentes ejecutivos, sino también mandatarios electos para velar por la salud de nuestras instituciones fundamentales.

Distinguir entre ellos, para separar a quienes hicieron bien y señalar a quienes sembraron las semillas del problema, es un ejercicio necesario.

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