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Macartismo y criminalización de la política

Actualizado el 23 de abril de 2012 a las 12:00 am

Parece que perdimos la noción de que la función pública es una actividad noble

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Macartismo y criminalización de la política

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Hace algunos meses, al discutirse una tesis en la Facultad de Derecho de la U.C.R. respecto al caso de la minera “Crucitas”, surgieron comentarios respecto a la intromisión de los jueces en la toma de decisiones que históricamente se entendían parte del campo de la política, marcando una tendencia clara del fenómeno conocido como “judicialización de la política”. A partir de esa discusión académica, también se derivó una preocupación en torno a la escalada de procesos judiciales en aras de criminalizar las decisiones políticas que toman los funcionarios públicos, de forma tal que, ante la incertidumbre de una sentencia judicial (que hoy es una y mañana, otra), prefieren renunciar a su deber de decidir.

La política es decidir. No hacerlo es condenar a toda una nación a moverse por inercia y renunciar a un futuro mejor. También es cierto que, cuando los políticos toman decisiones, pueden cometer errores. Sin embargo, pareciera que algunos sectores de la sociedad costarricense han perdido la razón a la hora de exigir responsabilidades, porque, aparentemente, lo único que quieren es verlos en la cárcel. Estamos claros en que los actos de corrupción deben ser tratados como delitos. Pero eso es muy distinto de un error de apreciación política a la hora de tomar un decisión. El costo de esos errores políticos debe ser pagado en el campo de lo político, es decir, perdiendo el apoyo de la ciudadanía en las próximas elecciones.

Al abrir una interminable cadena de procesos penales contra las decisiones políticas, lo que se logra es una insana persecución contra aquellos que sí tuvieron los bríos para tomar decisiones. ¿O es que acaso queremos que no se construyan más carreteras, puentes, aeropuertos y se abran más oportunidades de trabajo para los jóvenes? ¿Será que preferimos al funcionario público que –para no verse metido en problemas con la ley– mejor no toma decisiones? Debe quedar claro que el pueblo elige precisamente a los políticos para que tomen esa clase de decisiones y no a los jueces, porque la función de estos últimos es velar por el cumplimiento de la ley.

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Lamentablemente, parece que perdimos la noción de que la función pública es una actividad noble. Debiéramos repudiar a quienes se encargan de crear una paranoia colectiva anticorrupción para llevar agua a sus molinos políticos, sin importarles el daño que eso le causa a la confianza pública y al estado democrático. Son ellos quienes ponen de moda un macartismo a la tica: desangrar al adversario político y asegurarse la próxima victoria electoral no hay nada mejor que mancharle su honor e imagen acusándolo ante la Fiscalía, aunque no existan indicios reales de que ha cometido un delito.

Hoy por hoy, los funcionarios públicos prefieren no actuar, y cada vez son menos los ciudadanos deseosos de ingresar a la vida pública, por el temor de ser víctimas letales del linchamiento público, o, peor aún, terminar siendo denunciados irresponsablemente ante la Fiscalía. Semejante contribución a la ingobernabilidad es inconcebible para un país que reclama toda la fortaleza, innovación y liderazgo de sus ciudadanos.

Lo paradójico, aun cuando el país clama por buenos líderes políticos dispuestos a encender los motores del desarrollo económico y social, la actitud irresponsable de ciertos sectores con sus acciones –algunas veces dolosas, otras, despreocupadas– logran vulnerar el esquema de derechos esenciales de los ciudadanos, y nos hacen retroceder en vez de avanzar, y, de paso, ponen en grave peligro la honorabilidad de todos.

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