EscucharLa reivindicación de la autonomía se ha constituido en el eje medular de las demandas políticas de los pueblos autóctonos en América Latina. Por esta vía, la población indígena reclama para sí la facultad de asumir el control de sus territorios e instituciones, así como la potestad de tomar sus propias decisiones conforme a las tradiciones y valores culturales ancestrales.
A raíz de esta histórica aspiración, nace el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas que se discute en la corriente legislativa bajo el Expediente Nº 14.352, desde hace ya varios años. La finalidad de esta iniciativa es conferir un marco jurídico para el reconocimiento de la autonomía plena de los pueblos indígenas, la cual se traduce en la potestad de estos pueblos a administrar de manera autónoma sus territorios, a tener pleno derecho de propiedad sobre ellos, y a elaborar su propio plan de desarrollo conforme a sus tradiciones. A su vez, el proyecto establece el derecho de los pueblos indígenas a reivindicar y mantener su identidad étnica, cosmovisión y costumbres.
Situación de marginalidad. Si bien el Estado costarricense otorga una serie de derechos específicos a los pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Ley Indígena, para mencionar solo los ejemplos más relevantes), las iniciativas implementadas a lo largo de las últimas cuatro décadas han demostrado ser insuficientes para mitigar la situación de marginalidad y exclusión social que enfrenta este sector de la población.
Al día de hoy, los pueblos indígenas continúan siendo uno de los grupos más desfavorecidos del país. Los indicadores sociales y económicos actuales ponen de manifiesto el acceso desigual a los bienes y servicios de primera necesidad, tales como vivienda, educación, acceso a agua potable, electricidad y calidad de empleo, entre la población indígena y el resto del país (Censo 2000).
El proyecto de autonomía –a pesar de que no está exento de imperfecciones–, está previsto para superar una larga lista de deficiencias que caracterizan el actuar estatal en materia indígena, como, por ejemplo, su enfoque paternalista, integracionalista y asimilacionista, al mismo tiempo que busca unificar la legislación vigente (dispersa en un sinnúmero de decretos ejecutivos, leyes, reglamentos y convenios internacionales), reestructurar las instancias de representación indígena del país (en especial la CONAI), instrumentalizar los derechos políticos, económicos y culturales que actualmente se reconocen en la normativa costarricense, pero que en su mayoría son irrespetados, garantizar un mayor protagonismo indígena en la identificación de los problemas que les atañe y en la definición de posibles soluciones, y, finalmente, asegurar el derecho de posesión y control de los territorios y sus recursos (los cuales se ven amenazados por proyectos de diversa índole como la explotación minera y la construcción de la represa hidroeléctrica El Diquís, entre muchos otros).
Nuevas formas de convivencia. En definitiva, la autonomía indígena vendría a significar la configuración de nuevas formas de convivencia interétnica entre el Estado-nación y los pueblos indígenas. Y para ello, es necesario reflexionar sobre la orientación monocultural del Estado costarricense (sustentada en una uniformidad inventada, el monolingüismo y la oficialidad de la religión católica) y sobre la necesidad de reconocer y asumir la diversidad cultural que caracteriza nuestra sociedad, ya que la autonomía indígena no es más que una estrategia para dar expresión política a esa pluralidad.
El desinterés y obstruccionismo por parte de los representantes políticos para la aprobación de este proyecto de ley, demuestra que aún falta mucho camino por recorrer para hacer efectivos los derechos indígenas en el país.
