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Longevidad y salud pública

Actualizado el 13 de marzo de 2013 a las 12:00 am

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En pocas décadas, la sociedad contemporánea pasó de tener una esperanza de vida de poco más de 60 años a 79 años en el período 2008-2012. Estos datos imponen desafíos a la sociedad costarricense de diversas formas. Es necesario desarrollar una infraestructura adecuada para el sostenimiento del creciente índice de enfermedades relacionadas con la senilidad, que considere tanto los problemas físicos como los mentales.

Igualmente, se debe resolver la cuestión del reciclaje de los desechos producto de la atención a las personas mayores. No obstante, el envejecimiento de la sociedad costarricense es un tema que no se ha discutido ni ha sido considerado a profundidad por las instancias correspondientes.

Actualmente son pocos los centros de atención para los adultos mayores que cumplen los requisitos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y son muchos los “centros” que trabajan en la clandestinidad. La experiencia muestra que el MSP es incapaz de responder con prontitud ante las denuncias de los ciudadanos, y lo mismo sucede con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapán).

Diferentes sectores sociales, ante la imposibilidad de poder atender en sus hogares a los adultos mayores, optan por dejar el cuido de sus familiares en manos de este tipo de instituciones, al no poder costear los crecientes costos del sistema de salud privada.

Es evidente el cambio de valores que presenciamos: rápidamente pasamos de considerar que la salud es un derecho humano, a pensar de que la salud es un bien de consumo que pagan los que pueden.

Así, las luchas por la CCSS son determinantes para el futuro de la mayoría de los costarricenses, en especial cuando la brecha social crece rápidamente y pronto serán los menos quienes tendrán acceso a dicho bien según muestra el último Estado de la Nación.

Otro tema que no se discute, y al cual nos enfrentamos cotidianamente aquellos que tenemos a seres queridos en fase terminal o con enfermedades degenerativas en estado avanzado, es la eutanasia (en sus dos formas, la absoluta y la pasiva). Muchos de nosotros estamos de acuerdo en que la vida debe seguir un proceso natural y que, cuando ya es hora de morir, deberíamos tener acceso a una muerte digna. Esto significa brindar a nuestro ser querido todas las posibilidades de morir de manera asistida o, por lo menos, de tener el derecho a tomar una decisión al respecto.

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Alargar la vida por medios artificiales de una persona en fase terminal o con una enfermedad degenerativa en estado avanzado tiene un costo elevado no solo para sus familiares, sino para esa persona misma. Por esto, es conveniente que abramos el debate sobre el derecho a morir –en las circunstancias que antes señalamos– como parte de los derechos humanos.

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