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Ley de transferencia de competencias

Actualizado el 01 de mayo de 2012 a las 12:00 am

¿Por qué insistir en un proyecto que afecta las finanzas, y el bienestar de la gente?

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Ley de transferencia de competencias

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La legislación e institucionalidad costarricense brindan una opción sencilla y vinculante para solventar cualquier duda sobre la interpretación de una ley: una consulta por escrito a la Procuraduría General de la República, órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública. El resto es demagogia.

No obstante, siempre ha sido claro que el artículo 170 de la Constitución Política y la Ley de Transferencia de Competencias No. 8801 plantean un traslado de recursos y competencias del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales. La discusión de las consecuencias en aspectos fiscales, económicos y en nuestro modelo de Estado, no han tomado en cuenta aspectos concretos, prácticos y operativos, además de las limitaciones que existen dentro del Poder Ejecutivo para el traslado de competencias. Sin embargo, una lectura del artículo 170 de la Constitución y de la Ley No. 8801 nos advierte de sus implicaciones.

Sobre el traslado de competencias. Debe tenerse presente que, conforme a las sentencias emitidas por la Sala Constitucional (consultas evacuadas en los Votos 9257-2000 y 10134-2000 referidas a diferentes proyectos de reforma del artículo 170 y consulta facultativa evacuada en el Voto 03493-2002 referida al proyecto de ley No.8801) y opiniones emitidas por la Procuraduría General de la República (Opinión Jurídica 096-J en consulta facultativa sobre el proyecto que se convirtió en la ley 8801) la ejecución de la reforma supone que los programas del Ejecutivo que presten las competencias a transferir serían cerrados, siendo asumidos por los gobiernos locales, cada uno de forma independiente, proceso que aumentaría los costos de prestación de los mismos, considerando los componentes técnicos, administrativos y de ejecución asociados a tales programas. Se establece que cada vez debe trasladarse una o un grupo de competencias, que en conjunto represente el 1,5% de los ingresos ordinarios del presupuesto de la República hasta alcanzar el 10%. Sin embargo, el ámbito de la competencia municipal, según el artículo 169 de la Constitución está demarcado por “los intereses y servicios locales” y no puede ejercer, por lo tanto, competencias de carácter nacional o regional.

Sobre el traslado de recursos. Mediante un ejercicio de revisión de la cartera de competencias de los ministerios, y de la correspondiente asignación de recursos, no se identifica competencia que alcance el porcentaje a transferir. El total de competencias posibles a transferir no asciende al 10% que demanda la Constitución. El transferir competencias que no tengan el presupuesto que demanda la Constitución solo podría hacerse aumentando el gasto público, lo cual viola el principio presupuestario que todo gasto debe tener un contenido financiero cierto empeorando la situación fiscal, ya de por sí difícil.

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Las estimaciones sobre la situación de las finanzas públicas presentadas en el documento “Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2010-2014” del Ministerio de Hacienda, destacan la necesidad de implementar acciones de contención de gasto y reformas fiscales que garanticen mejoras en la recaudación y recursos adicionales. Estas previsiones están en la base de una discusión nacional sobre una reforma tributaria, y alertan sobre la prudencia adicional a tener en cuenta en el manejo de recursos públicos. Esta propuesta, que ha recibido recientemente, el voto negativo de la Sala Cuarta, contemplaba una recaudación de 1.5%-2% del PIB contra un déficit fiscal presupuestado del 5%-6%. El control de la evasión y principalmente la contención de gastos son complementos necesarios de una estrategia integrada de reducción del déficit fiscal.

La determinación del porcentaje a transferir ignora la composición del presupuesto nacional, con poca maniobrabilidad en la asignación de recursos. Así, hay importantes porcentajes sin flexibilidad de alteración y otros que cuentan con porcentajes invariables, respaldados a nivel constitucional. De igual forma, el presupuesto nacional contiene aumentos automáticos asociados al pago de intereses, crecimiento del FEES, aumentos salariales y otros. Tampoco reconoce que aún en la actualidad, el Poder Ejecutivo no dispone de los recursos necesarios para poder ejercer todas las competencias que le encargan las leyes. Debe sumársele a esta consideración, la vulnerabilidad del país a eventos climáticos y otro tipo de situaciones cuya atención exige una canalización de recursos de emergencia. Por otro lado, la reforma al artículo 170 no deparó en que existen ingresos que ya se trasladan a las municipalidades y que la aplicación literal de la fórmula usada en el texto de la norma representa un doble pago de esas sumas.

Costo de oportunidad. Considerar el dar recursos de las instituciones autónomas a las municipalidades (estas superavitarias según informes de la Contraloría General de la República) significa el no utilizarlos para cubrir el déficit del presupuesto ordinario. Si estos recursos fuesen de traslado tan fácil, sería absurdo pedir mayor contribución en materia de impuestos a los costarricenses, o congelar gastos necesarios. El país tiene retos importantes como la difícil situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social lo cual involucrará recursos del presupuesto ordinario de la República para su fortalecimiento. Esta es claramente una prioridad nacional

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Otros contextos. Es importante tener en cuenta las experiencias más próximas sobre el tema de descentralización en países latinoamericanos, Colombia, Brasil y Argentina entre otros, e incluso la actual situación económica que vive España. La experiencia de estos países enseña que la descentralización y las transferencias no conducen automáticamente a un mayor desarrollo, disminución de desigualdades ni a una mayor democracia ni implica necesariamente una mejora en la prestación de los servicios públicos pero si están asociados a deterioros fiscales y problemas económicos.

Las implicaciones son claras. El proyecto de ley No.18.001 dejó claro que el Gobierno no está en posibilidades de cumplir esta ley con el traslado de la Red Vial Cantonal, función que ya era parte de las competencias de las municipalidades y que el Estado financia con un préstamo de 200 millones de dólares.

La falta de consideración de las implicaciones presupuestarias y económicas, del balance real de recursos y necesidades, de los riesgos y las acciones pertinentes para responder a ellos, así como de las competencias posibles a transferir lleva a suponer que la reforma se hizo sin el respaldo oportuno de estudios técnicos ni planificación adecuada, a pesar de que contará con un voto unánime en la Asamblea.

Durante la gestión 2010-2012, en Mideplán se trabajó en los análisis pertinentes: implicaciones fiscales de la ley No. 8801, se elaboró y redactó una posible modificación al artículo 170 de la Constitución Política manteniendo el enfoque del fortalecimiento de las municipalidades, pero ajustadas a las condiciones financieras actuales del país. Además, dentro del proceso de concertación que establece la ley 8801, se realizaron consultas a ministerios y municipalidades sobre el traslado de competencias; muchas municipalidades expresaron no estar preparadas ni interesadas en asumir más funciones, entonces ¿por qué insistir en algo que no contribuye al fortalecimiento del régimen municipal, que presenta tantas asimetrías, y sobre todo no beneficia la prestación de servicios a la ciudadanía? Los resultados de este análisis son un insumo importante para que los costarricenses tengan un fundamento técnico y una visión amplia sobre este tema.

Olvidemos la demagogia, y sepamos encontrar nuestro camino hacia un desarrollo sin afectar las finanzas, la estabilidad macroeconómica y en especial el bienestar de la población.

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