EscucharSan José (Redacción). Desde hoy nuestras autoridades cuentan con una nueva herramienta contra las bandas y particulares dedicados al tráfico de personas, el segundo delito más lucrativo en el ámbito mundial, solo superado por el narcotráfico.
La ley contra la trata de personas sanciona también el tráfico ilícito de órganos, tejidos y fluidos humanos, el cual contempla penas de ocho a 16 años de prisión contra quien “posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos y fluidos humanos.
La legislación, publicada hoy en La Gaceta establece también sanciones para el delito de turismo sexual, el cual ahora es sancionado con penas de cuatro a ocho años de prisión.
Incluye a “quien promueva o realice programas, campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas”.
También fija, por primera vez, penas de hasta cinco años de prisión contra propietarios, arrendadores, administradores o poseedores de establecimientos donde se destine o se beneficie de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes o sus actividades conexas.
En el caso de los menores de edad la ley es más drástica y fija de ocho a dieciséis años la prisión contra quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.
La pena aumenta a de diez a veinte años de cárcel cuando “el autor sea un ascendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la guarda, custodia o cualquier persona que ejerza la representación de la persona menor de edad".
Costa Rica es un país receptor, de tránsito y de origen de víctimas de este delito que, según las autoridades, afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo.
El director interino de Migración y Extranjería, Freddy Montero recordó que la ley crea un fondo permanente que garantiza recursos para la prevención y la atención de víctimas. Se trata de un dólar adicional que se cobrará por concepto de impuesto de salida (pasará de $28 a $29), lo que permitirá a las autoridades contar con más de mil millones de colones cada año.
Hasta el año anterior, se habían atendido a 93 personas víctimas de esta flagelo, que lideran peligrosas organizaciones del crimen organizado internacional.
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