Esta semana se dio un caso interesante de pulso de poder entre accionistas y administración en el banco más grande de Estados Unidos: JPMorgan Chase. La Asamblea de Accionistas debía votar una moción que pretendía limitar los poderes del presidente de la Junta Directiva y principal ejecutivo (CEO) de la empresa, Jamie Dimon. Un grupo de accionistas estaba preocupado por la falta de balance de poder entre la Junta Directiva y la Administración de la compañía. Al ser Dimon cabeza de ambas, dicho grupo pensaba que no se estaban siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo, poniendo en peligro sus intereses.
Este pulso de poder sucede en muchas ocasiones en empresas o instituciones grandes, en las que existe una separación entre los dueños y la Administración. Cuando el control de la operación se delega en terceros, muchas veces la Administración maneja más información que los dueños o sus representantes (Junta Directiva). Esto puede ser porque la Administración no le revela todo lo que sabe a la Junta, o porque esta es poco diligente en buscar información adicional. No se trata de que los miembros de la Junta sean incompetentes o deshonestos. El problema es que el costo de buscar información es usualmente muy alto. Cuando eso sucede, la Junta Directiva o la Administración pueden estar tomando decisiones que no son las óptimas para los intereses de los dueños. Ya sea por mala información, o porque los intereses que persiguen son diferentes a los de los dueños.
En el caso de JPMorgan, la Asamblea finalmente votó en contra de la moción que pretendía limitarle el poder a Dimon. Los accionistas optaron porque este siguiera teniendo el control absoluto de la empresa. Sintieron que la Administración representaba bien sus intereses. Esto se reflejó inmediatamente en que el precio de las acciones de la compañía subió 2% después del voto, lo que demostró la confianza que los accionistas le tienen al futuro de JPMorgan bajo el mando de Dimon.
En las instituciones públicas no se tiene una medición del rendimiento tan clara como las utilidades o el precio de las acciones. El involucramiento de los dueños (“el pueblo”) es mucho más indirecto que en las empresas privadas. No hay una asamblea de accionistas – más allá que unas elecciones–, en las que se escoge al gobierno que nombra a los miembros de las juntas directivas. Además, como estas tienen directivos de tiempo parcial, el costo para ellos de recopilar información es muy alto. Por eso no es de extrañar que los presidentes ejecutivos y la Administración sean los que dominen en las instituciones públicas. El problema se da cuando, ante el poco control que ejercen los dueños y las juntas directivas, se cae en una situación en la que los intereses de la Administración no coinciden con los de los dueños.
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