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Letras de cambio

Actualizado el 11 de mayo de 2013 a las 12:00 am

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Los precios de los servicios públicos crecen a tasas muy superiores que los demás bienes y servicios. Esto significa que los costarricenses pagamos cada vez más cara la luz, el agua, la gasolina, y todo lo que usa esos servicios. Eso significa TODO lo que se produce en el país. Por eso, doña Laura Chinchilla acaba de emitir una directriz pidiéndoles a las instituciones que prestan servicios públicos que se aprieten la faja. Eso está bien. Pero, para encontrar una solución permanente, hay que analizar cuatro componentes: la regulación, la Aresep, las empresas públicas y el Gobierno.

La regulación dicta que las tarifas de los servicios públicos se deben ajustar según sean los costos. Esto se hace así para que las instituciones públicas no quiebren. Pero tiene el problema de que no motiva a las instituciones a buscar mayores eficiencias o a evitar desperdicios. El costo nunca se compara con los de otros países. Si cuesta más producir el servicio, lo paga el usuario. Es una manera de cobrar impuestos, pero sin que la Asamblea Legislativa los haya aprobado.

Aresep es quien debería revisar muy bien si los gastos son justificables o no, en cada petición de aumento de tarifas. Tiene la potestad de rechazar cargos que cree que no corresponden. Sin embargo, existen algunos mecanismos de aumentos de tarifas en forma automática, sin que la justificación pase por un proceso de revisión exhaustiva. Además, la capacidad técnica de los funcionarios de la Aresep tiende a ser limitada, comparada con la de los funcionarios de las instituciones que deben revisar. Saben mucho más los funcionarios del ICE sobre su institución, que lo que sabe cualquiera en la Aresep sobre el ICE. Al final, el regulado termina capturando al regulador.

Por eso, las empresas públicas tienen,internamente, una parte importante de la solución. La tarea de buscar eficiencias, mecanismos de financiamiento idóneos, eliminar desperdicios de recursos y privilegios desmedidos, es de todos los funcionarios de esas instituciones. Los altos jerarcas deben dictar la estrategia de cómo hacerlo. Los demás funcionarios deben colaborar en la correcta ejecución de la estrategia, sin exigir privilegios a cambio. El problema es que no hay motivación para buscar esas mejoras, ya que las tarifas se ajustan casi que automáticamente. Pero, además, si los altos jerarcas tienden a ser más políticos que técnicos, los “mandos medios” se dedican más a proteger sus feudos, y los sindicatos a exigir más privilegios, el buen manejo de los recursos queda en último lugar. Finalmente, está la responsabilidad del Gobierno. El Ejecutivo es quien nombra a los miembros de las juntas directivas de esas empresas públicas. Estos deberían hacer, desde un principio, lo que la directriz de doña Laura ahora les pide. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué el Ejecutivo no los llamó a cuentas antes?

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Luis Mesalles

Obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada.

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