El proyecto de impuesto que busca frenar el ingreso de capitales especulativos despierta dudas constitucionales y legales entre abogados expertos en temas fiscales y en el mismo seno del Congreso.
Entre las críticas surgidas está que los rendimientos pagados a inversionistas no domiciliados serían gravados hasta con 30 puntos porcentuales más, lo cual sería desproporcionado e irracional.
Asimismo, se cuestiona que la Junta Directiva del Banco Central puede aplicar este gravamen extra cada vez que se crea un desequilibrio en la economía. Sin embargo, según especialistas, no se definen parámetros para establecer qué altera el ambiente económico.
La preocupación la dio a conocer El Financiero , el pasado miércoles. Es día la iniciativa recibió el aval en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y ahora se discutirá en el plenario legislativo.
Para el Ministerio de Hacienda la iniciativa no tiene roces con la Constitución Política. “El incremento a la tarifa del impuesto sobre los intereses que aquí se propone llevaría a una tarifa total máxima que no excede las aplicadas a otras retenciones establecidas en la ley”, enfatizó la entidad.
La retención a los intereses enviados al exterior es de un 15% para los no domiciliados; si se impone la excepción subiría hasta un 45%.
Para el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, la ampliación del impuesto debe considerarse desde la óptica constitucional e insta a los diputados a analizar si es confiscatoria.
“Las reglas que establecen la facultad del Gobierno para cobrar impuestos deben ser cristalinas, no pueden estar sujetas a interpretación”, dijo Randall Madriz, abogado experto en temas legales del bufete Pacheco Coto.
Luis Ortiz, jurista de BLP Abogados, recalcó que el gravamen hace un cobro que al final afectará la propiedad privada de una persona y eso lo hace desproporcionado.
Los legisladores más críticos del proyecto, el socialcristiano Luis Fishman y la libertaria Patricia Pérez, esperan que en la discusión en el plenario se propongan cambios a la iniciativa para evitar roces legales. “Un aspecto fundamental fue que nunca se define qué es capital especulativo”, dijo Pérez.