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Legalidad, imperativo universal

Actualizado el 02 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

Una declaraciónde la ONU daráimpulso al Estadode derecho

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¿Para qué sirven las declaraciones que emiten las reuniones de alto nivel de la ONU? De muy poco, si el propósito es generar impacto inmediato en el terreno. De mucho, si las abordamos por lo que son: conjuntos de principios, aspiraciones y compromisos destinados a focalizar prioridades, redefinir agendas, impulsar decisiones y legitimar eventuales acciones.

La jerarquía especial de esos encuentros surge, esencialmente, de tres factores: la representación nacional generalmente la asumen gobernantes y ministros; la discusión se concentra en temas fuera de la agenda regular de la Asamblea General, a los que se les asigna particular importancia, y el resultado casi siempre se refleja en un documento aprobado por consenso, que adquiere así carácter universal.

Todos estos factores coincidieron el 24 de setiembre pasado en la “Reunión de alto nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional”, a la que asistieron más de 30 gobernantes y otros altos representantes de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. La delegación nacional fue encabezada por el canciller Enrique Castillo.

Por su carácter relativamente especializado, y porque la atención mundial en ese momento estaba concentrada en la tragedia de Siria, la actividad pasó casi inadvertida. Sin embargo, su relevancia es indudable, y será creciente conforme los países potencien el contenido de la declaración emitida.

De este modo sus 42 párrafos podrán convertirse en letra viva y establecer un punto de referencia mínimo para fortalecer la vigencia y vigor del Estado de derecho en cada país y en la conducción de las relaciones internacionales.

Qué falta.- La Declaración no resultó tan robusta, explícita y visionaria como deseábamos. Pero es mucho más amplia, avanzada y detallada de lo que parecía posible al inicio las negociaciones, hábilmente conducidas durante cuatro meses por los embajadores de Dinamarca y México, Carsten Staur y Luis Alfonso de Alba.

El texto, por ejemplo, no incluye un listado coherente y explícito de los principios y componentes del Estado de derecho. Pero tal vacío está parcialmente cubierto por elementos mencionados en otros párrafos de la declaración. Si los leemos con cuidado y atamos sus cabos, podremos construir una definición satisfactoria del concepto.

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Se omite una mención expresa a la necesidad de que los parlamentos, generadores de legislación y protagonistas del control político, sean democráticos y representativos. Tampoco se enuncian con suficiente amplitud los requisitos que deben tener las modalidades nacionales de aplicación de la justicia para estar en línea con los principios universales de derechos humanos y el debido proceso.

A pesar de estas y otras carencias menores, los aspectos positivos son mucho más numerosos. Por esto, la declaración marca un “antes” y un “después” en el compromiso de las Naciones Unidas con el impulso al Estado de derecho.

Qué tiene.- Entre los aspectos más destacables de su contenido están los siguientes:

La obligación de acatar la ley (accountability) por parte de “todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado”. Otorga, así, claro respaldo a la defensa de los ciudadanos frente al poder, algo casi inexistente en varios países.

El reconocimiento de la interrelación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia, los cuales “forman parte de los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas”.

La afirmación de que la naturaleza universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales “no puede ponerse en tela de juicio”; además, todos los Estados tienen el deber de respetarlos “sin distinción alguna”.

La convicción de que “el Estado de derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente”. Esto contradice el falaz argumento de que los regímenes arbitrarios, por tal condición, son económicamente más eficaces.

El énfasis en la independencia, imparcialidad, integridad y apertura de los sistemas judiciales.

La importancia de que exista igualdad de género en el disfrute del estado de derecho, y su relevancia para la protección de las niñas y los niños. Esta afirmación constituye un punto de referencia fundamental para evaluar la conducta de los regímenes que discriminan contra las mujeres y desprotegen a los menores.

La caracterización de la corrupción como un fenómeno con impacto negativo, que “obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo”, y socava la confianza pública y la legitimidad de Gobiernos y sistemas judiciales.

La condena al terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones”.

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El apoyo a la Corte Internacional de Justicia (CIU), Corte Penal Internacional (CPI), Tribunal Internacional de Derecho del Mar y Comisión de Derecho Internacional.

La Misión de Costa Rica en la ONU fue una de las más activas y eficaces durante las negociaciones. Logró, entre otras cosas, que la declaración incluyera referencias explícitas al derecho internacional humanitario; al imperativo de respetar las decisiones de la CIJ; al papel de la CPI en la lucha contra la impunidad, y a los efectos nocivos de la corrupción.

Qué sigue.- Logrado el buen resultado, se impone mirar hacia el futuro.

Desde hace años, el secretario general, Ban Ki-Moon, ha demostrado particular interés en el impulso al Estado de derecho. Una unidad especializada dentro de la Secretaría General está a cargo del tema. Además, de manera creciente, el establecimiento de marcos legales transparentes y de sistemas judiciales independientes ha sido parte de la estrategia aplicada por la ONU en países que emergen de graves conflictos internos. Sin embargo, esta es la primera vez que se produce un compromiso político de tan alto nivel con la legalidad. De aquí la oportunidad que se abre.

El penúltimo párrafo de la declaración destaca la importancia de proseguir la “consideración y promoción del estado de derecho en todos sus aspectos”, y de continuar desarrollando, desde la Asamblea General, sus vínculos con los tres pilares de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Se allana así el camino para que su impulso ya no sea visto como un tema especializado, del que solo se ocupan algunas instancias en la ONU, sino como un imperativo de toda la organización y un deber aceptado por sus estados miembros.

De igual manera, su texto dará respaldo (por ahora doctrinario) a quienes, en distintos países, luchan por la institucionalidad democrática, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Resultados inmediatos en el terreno no habrá. Mas sí podemos esperar el desarrollo de un entorno político, diplomático y de opinión más propicio para promover el Estado de derecho, con múltiples implicaciones positivas.

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