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Juramento de Chávez

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La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela sobre el juramento constitucional del presidente Hugo Chávez tiene su gracia. La Constitución Bolivariana fija el diez de enero del primer año del período constitucional para la toma de posesión del candidato elegido en los comicios presidenciales. El cargo se asume mediante juramento tomado por la Asamblea Nacional, pero si por cualquier motivo no fuera posible, el mandatario podrá jurar ante el TSJ.

Si bien los receptores del juramento pueden ser sustituidos, nada dice la Constitución sobre la posibilidad de variar la fecha. Un curioso ejercicio de adecuación de la carta magna a la realidad presente enmendó la omisión. Según los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el mandatario deberá jurar el cargo ante ellos en una fecha futura, pero mientras tanto continuará en su ejercicio.

La sentencia no sorprende, primero por la reconocida filiación chavista de los jueces venezolanos y, después, porque el secretismo en torno al estado de salud del presidente imposibilita determinar si su falta es “absoluta”, según el lenguaje de la Constitución, es decir, si su incapacidad física o mental es permanente. En ausencia de esa determinación, hay margen para interpretar la carta magna y, por sí misma, la formalidad del juramento, en la fecha determinada por la Constitución, parece una razón excesiva para ignorar el resultado de las recientes elecciones.

Lo curioso es el razonamiento de los magistrados: Chávez no necesitaba juramentarse el 10 de enero porque había rendido juramento después de sus sucesivas reelecciones, la última de ellas hace seis años, y “no es necesaria una nueva toma de posesión”.

Así pues, “el Poder Ejecutivo constituido (') seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”, un concepto normalmente referido a la validez de los actos de la administración pública, pese al cambio de quienes ejercen la autoridad.

La invocación del principio no parece pertinente al caso concreto, y la solución despierta dudas. ¿Qué pasaría si el presidente entrante fuera a ocupar el cargo por primera vez? ¿Y si su reelección no hubiera sido consecutiva? ¿Es el principio de continuidad administrativa, de tan extraña invocación en este contexto, una norma superior a la Constitución?

Pero la más grande de todas las dudas surge de las declaraciones de la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, quien se precipitó a asegurar que no encuentra razones para intentar determinar si la ausencia del presidente es “absoluta”, pese a insistentes informes sobre la gravedad de sus padecimientos, admitidos a regañadientes.

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Noticia La Nación: Juramento de Chávez