Un juez penal autorizó al OIJ para que secuestre los registros de los viajes realizados por los funcionarios del Conavi encargados de la trocha 1856 y por tres empresarios contratados para este proyecto.
El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó recabar los datos en las aerolíneas Spirit Air, American Airlines y Lacsa.
Así consta en una resolución emitida el 13 de julio por el juez Esteban Quirós Pastrana, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía de Probidad y Transparencia, la cual investiga el proyecto.
El Ministerio Público pidió acceso a las bitácoras de viaje del ingeniero Manuel Serrano Alvarado y del inspector Miguel Francisco Ramírez Marín, ambos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Además, solicitó la información de los empresarios Carlos Luis Rivera Umaña, David Castillo Villalobos y Giovanni Baralis Crosetti.
Rivera es el representante de la firma 3-101-615239 y Castillo de El Coloso Santa Cruz CSC. En tanto, Baralis facturó a su nombre.
En junio, este medio publicó que Serrano y Ramírez viajaron en mayo del 2011 a Florida, EE. UU., con tres de los contratistas que facturaron casi ¢5.000 millones en la obra.
Se trata de Baralis, Castillo y Johnny Muñoz Sanabria, representantes de las empresas Ronda de Mijas, Transportes Muñoz y Sanabria, y Cernícalo Avisor. Baralis dijo: “Andábamos paseando”.
José Miguel Villalobos, abogado de los funcionarios del Conavi y de Castillo y Baralis, se mostró en total acuerdo con que se obtenga la información. Dijo que se demostrará que “nadie invitó a nadie”, por lo que no hubo ninguna regalía.
Según explicó, ese viaje se hizo luego de terminada la primera etapa del proyecto (de diciembre del 2010 a abril del 2011), cuando nadie sabía que la obra sería reanudada en setiembre del 2011 para continuar la trocha hacia Los Chiles.
El abogado agregó que hubo un segundo viaje en diciembre a Estados Unidos, aunque no precisó quiénes participaron. Solo afirmó que cada uno viajó con sus familias y por sus propios medios.
Roy Villalobos, abogado de Rivera y de Muñoz, también dijo que no tienen problema en que la Fiscalía haga las investigaciones pues así se darán cuenta de la realidad de que cada uno pagó sus gastos.
El Juzgado autorizó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para obtener los itinerarios de los viajes al exterior y los documentos de pago de los tiquetes aéreos.
Ayer, en la comisión legislativa que investiga la trocha 1856, el diputado Manrique Oviedo le preguntó al empresario Johnny Muñoz por el viaje de mayo del 2011.
Él respondió que aceptó ir con otros empresarios con la idea de conocer una maquinaria especializada que le podría interesar, pero se sorprendió al ver en el aeropuerto a los funcionarios del Conavi. Además, mostró documentos según los cuales él pagó su boleto por Internet y negó haberle financiado el tiquete a alguien más.
La orden judicial también implica el levantamiento del secreto tributario de 35 empresas que trabajaron en la construcción de la trocha fronteriza, las cuales fueron allanadas en mayo pasado en medio de la misma investigación.
Además, se le levantó el secreto bancario a Serrano, Ramírez, al exdirector del Conavi Carlos Acosta Monge, y a Rivera y Baralis.
Eric Ramos, abogado de las empresas Quebrador Arenal y Constructora Herrera, aseguró ayer en el Congreso que se les levantó el secreto bancario a 35 empresas.
José Miguel Villalobos avaló las medidas y dijo que se demostrará que aquí “los rumores se convierten en fuente de derecho”.