Rosales afirmó que la construcción de las obras viales en la frontera comenzó mucho antes del decreto de emergencia, con las contrataciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a partir de diciembre del 2010 y hasta marzo del 2012.
Aún después de declarada la emergencia, el MOPT siguió la obra con sus propios recursos y sus propios procedimientos de contratación por “imprevisibilidad”, mecanismo que no es utilizado por la CNE, dijo Rosales en un comunicado.
Ella admitió que la CNE donó recursos en marzo del 2012, pero que solo un 10% fue utilizado por dicha entidad.
Añadió que han sido insistentes en la rendición de cuentas sobre el uso que se les dio y en respuesta el Conavi se ha comprometido a restituirlos. “Esos recursos están debidamente resguardados en la caja única del Estado, gracias a las medidas tomadas por la Junta Directiva de la CNE”, dice el comunicado.
Insiste en que a la entidad no le corresponde la fiscalización de los recursos que, de su propio presupuesto, el Consejo Nacional de Vialidad destinó al proceso de construcción de la Ruta 1856, pues las acciones estaban bajo la competencia de ese Consejo y fueron ejecutadas directamente por sus funcionarios.