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Sugieren que el Congreso pueda quitar ministros con un voto de censura

Informe de notables propone un vuelco en la relación Asamblea-Gobierno

Actualizado el 18 de enero de 2013 a las 12:00 am

Presidente pediría elección anticipada de diputados si cree que ellos entorpecen

Ministro de la Presidencia tendría que ser aprobado por los legisladores

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La Comisión de Notables sobre gobernabilidad lanzó ayer una propuesta que implica un vuelco en la relación entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno.

El grupo propuso que un Congreso hasta de 87 legisladores (hoy 57) tenga la posibilidad de aprobar una moción general de censura contra el quehacer del Gobierno, a partir de la cual todos los ministros tengan que renunciar.

En respuesta, el presidente de la República podría solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocar a elecciones anticipadas de diputados para el octavo o noveno domingo siguiente.

El mandatario también tendría la opción de pedir comicios legislativos adelantados cuando considere que la Asamblea es ineficaz o entorpece la marcha del país.

Tanto el presidente de la República como los diputados podrían ser reelegidos de manera consecutiva. El primero solo por un periodo.

Cuando el Congreso apruebe una moción de censura (con el voto de dos terceras partes de los diputados), el mandatario se vería obligado a sustituir al ministro de la Presidencia y a revisar la configuración de su gabinete.

En este esquema, sobresale un fortalecimiento del ministro de la Presidencia, cuya designación tendría que ser aprobada por la Asamblea. A él se le encargarían la coordinación del gabinete y las relaciones entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo.

Cada año, el Congreso votaría por obligación en un plazo de tres meses tres proyectos de trato preferencial propuestos por el Gobierno, y tres por cada fracción política.

Los notables sugirieron cambios a las reglas del debate legislativo, de manera que se reduzca el uso de la palabra de los diputados.

Alegan equilibrio. Francisco Antonio Pacheco, coordinador de la comisión, sostuvo que plantearon elementos del parlamentarismo en pro de una relación más equilibrada entre Cuesta de Moras y Zapote.

Según el exdiputado, Costa Rica debe dar el paso pues ya no es un país bipartidista. Según Pacheco, las medidas obligarían a acuerdos.

Argumentó que hoy, si la Asamblea no funciona, no hay salida.

Sobre el aumento de diputados, sostuvo que es necesario para que los legisladores no corran de comisión en comisión sin prepararse y dejando el análisis de los problemas en los asesores.

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“Algunas partes de este documento no están escritas para nerviosos ni para quien reacciona con temor”, puntualizó Pacheco.

No todas las sugerencias fueron hechas por unanimidad. Por ejemplo, el abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, rechazó que el presidente pueda disolver el Congreso cuando lo crea conveniente.

Además de Pacheco y Jiménez, la comisión la integraron el historiador Vladimir de la Cruz; el exdiputado Constantino Urcuyo; el exministro de Justicia, Fabián Volio; y el expresidente de la CCSS y magistrado suplente, Rodolfo Piza.

Ellos le presentaron ayer 97 sugerencias a la presidenta Laura Chinchilla, quien les encargó buscar salidas a la ingobernabilidad.

Las prioritarias. La presidenta giró instrucciones para que, a más tardar el 25 de febrero, un grupo de ministros escoja las sugerencias a las que se les daría prioridad y los mecanismos para hacerlas realidad.

Pacheco recordó que existen cuatro vías: reformas legales, reformas parciales a la Constitución Política, un referendo o convocar a una Asamblea Constituyente con poderes limitados.

Chinchilla adelantó que no considera que el principal problema del país sea el número de diputados, sino el funcionamiento de un parlamento en el que hoy las minorías tienen capacidad de veto.

Añadió que ningún cambio regirá en este Gobierno “para evitar cualquier suspicacia o cálculo malicioso que entorpezca el debate maduro”.

Sala IV no verá proyectos. La propuesta también plantea eliminar la opción de que la Sala IV revise los proyectos de ley antes de que estos sean aprobados en definitiva.

Este tribunal solo procedería con el control del trámite de las leyes durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigencia.

Además, se recomendó eliminar la suspensión automática de actos o aplicación de leyes cuando estos son impugnadas en la Sala.

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Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

Editor de Política

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

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