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EDITORIAL

Inflación, precios regulados y tarifas

Actualizado el 18 de marzo de 2013 a las 12:00 am

Los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4% .

Hay estudios para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero no se les ha dado aplicación práctica

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La inflación está aumentando y amenaza con exceder las metas establecidas en el Programa Macroeconómico del Banco Central. Medida por las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC), el aumento entre enero y febrero llegó al 2,34%, casi la mitad del previsto para todo el año, mientras que el acumulado en los últimos 12 meses ascendió al 6,52%, porcentaje superior al rango establecido por el Banco Central, de 5% (más o menos 1 punto porcentual).

¿Cuáles son los factores que están incidiendo en el aumento? ¿Se podrán controlar en los meses subsiguientes para restablecer la meta? Creemos que sí. Pero habrá que hacer un esfuerzo extraordinario para controlar los principales factores que inciden en el incremento de los precios. Entre ellos, las fuertes alzas en los precios regulados y tarifas de los servicios públicos, que efectivamente se han desbordado. También deben afinarse los instrumentos monetarios con que cuenta el Banco Central para controlar la inflación, sobre todo a mediano y largo plazo.

Los precios regulados y tarifas de los servicios públicos han ejercido una presión muy marcada sobre el IPC. En algunos períodos, los ajustes han sido inferiores al promedio de los precios no regulados; en otros, como en los últimos 12 meses, han sido mucho más elevados. Eso es causa de gran preocupación, pues no dependen de factores típicamente monetarios asociados con excesos de liquidez, ni con exceso de demanda de los consumidores. Las tarifas y precios regulados responden a políticas públicas, muchas veces cuestionadas.

En efecto, los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4% (promedio) en ese mismo periodo. Por esa razón, el IPC general se salió de las metas establecidas en la programación macroeconómica y amenaza con seguir creciendo, a menos de que se adopten medidas que contengan y racionalicen los ajustes. Entre ellas, deben regularse más adecuadamente los gastos de las entidades públicas, dejados por la libre en las dos últimas administraciones y, además, es preciso cambiar sustancialmente los modelos de ajustes de precios regulados y tarifas públicas, desfasados y obsoletos, como lo prometió don Dennis Meléndez, en junio del 2010, cuando fue ratificado como regulador general.

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En aquella oportunidad, el regulador general afirmó que “su prioridad sería la revisión de las metodologías utilizadas en la actualidad para fijar las tarifas y precios de los servicios regulados y los mecanismos para regular la calidad en la prestación de los servicios”. Sabemos que se han realizado varios estudios, algunos muy complejos, para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero, a estas alturas, no se han puesto en ejecución y todavía prevalecen en muchos de ellos criterios jurídico-contables para establecer las tarifas con base en todos los costos de operación de las entidades, incluyendo las burocracias, como la del ICE. Y aunque las nuevas metodologías deban ser amparadas por leyes y normas aún por promulgar, el país debe avanzar para subsanar el rezago que por años se ha venido acumulando.

Dicho lo anterior, tampoco debe ignorarse el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control del gasto de las entidades, ni la evaluación de las erogaciones por sueldos y salarios o las prebendas en los sobresueldos públicos, como tantas veces hemos señalado desde esta sección editorial. Las negociaciones con los sindicatos están atascadas y no se vislumbra un esfuerzo por reformar el sistema. Todo eso influye en los precios de los servicios prestados y, desde luego, en la inflación que recae sobre los bolsillos de los costarricenses.

Finalmente, debemos recordar la responsabilidad del Banco Central en el control de la inflación. Si bien hay factores como los anteriormente señalados que inciden en la variación de precios a corto plazo, la inflación a largo plazo siempre es un fenómeno monetario asociado con los desfases entre la liquidez y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la demanda de dinero. Teóricamente, si los precios de los servicios públicos suben extraordinariamente, los usuarios deberían ajustar sus otros gastos para mantener constante el IPC (con ciertos desfases en el tiempo). Pero, si se consiente una mayor liquidez de la que demandan en su momento los consumidores, los precios tenderán a subir.

Y eso es lo que, quizás, podría estar sucediendo actualmente, pues aún los otros índices subyacentes de inflación están subiendo, aunque levemente y dentro de las metas de inflación. Pero si la tendencia continúa, se podría llegar a perder la estabilidad que tanto ha costado tener. El Banco Central ha aumentado su captación de recursos, pero eso le incrementará sus pérdidas de operación en el futuro. Y eso indica que tenemos un problema latente de inflación más complejo de lo que han querido reconocer las autoridades.

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